Con el propósito de conocer la situación laboral y profesional de los cuerpos de seguridad pública del país, la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (PRI) inauguró la Mesa de Análisis “La Seguridad Pública. El Fortalecimiento de Nuestras y Nuestros Policías”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Si queremos tener policías honestos, confiables, y que hagan bien su trabajo, debemos darles un trato digno, con salarios que representen el nivel de riesgo al que se enfrentan día a día, así como mejores condiciones de trabajo en general”, planteó Madrigal Méndez, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Informó que impulsa una reforma al artículo 123 constitucional para otorgar los mismos derechos laborales que tiene cualquier trabajador, a los integrantes de los cuerpos policiacos de México. “A pesar de que se exigen policías capacitados y profesionales, no se les reconocen ni sus mínimos derechos”, sostuvo.
La legisladora subrayó que esta reforma es una deuda con todos los integrantes de la policía, ministerio público, así como con todos aquellos que se dedican a la procuración de justicia.
Indicó que el Estado mexicano ha sido pionero en la creación de leyes que otorgan derechos laborales y sociales a toda la población, así como a grupos ciudadanos; sin embargo, cuando se habla de la protección y prerrogativas en el trabajo de policías, están absolutamente excluidos. “Es una contradicción injustificable”, lamentó.
Indicó que nuestra Constitución Política es la única en el mundo que discrimina a los servidores públicos del sector de seguridad pública, lo que se convierte en una deuda con la justicia social. Aseguró que tener individuos policías fortalecidos, nos llevará a lograr instituciones sólidas.
“Esto no será suficiente para detener las prácticas laborales abusivas, pero se comienza con el cambio legal, su administración y aplicación, así como con los usos y costumbres de cuerpos policíacos.
Javier Antonio Villalba Solís, asesor para Asuntos Normativos de la Comisión Nacional de Seguridad, reconoció que en conflictos legales-laborales, cuando el policía obtiene una resolución favorable en un juicio de amparo, por normatividad legal jamás podrá regresar a portar el uniforme ni a las filas de la corporación a la que pertenecía; lo más que logrará será acceder a una compensación.
“Aún y cuando se diga que el elemento fue cesado, jamás podrá regresar a su cargo o comisión, mientras que para otro tipo de trabajador sí existe este derecho”.
Subrayó que no se puede construir un sistema de impartición de justicia operable sobre la base del desprecio de los responsables de hacerla eficaz.
Evidey Castro Laine, integrante de la Alianza Internacional por las Fuerzas de Seguridad y Emergencias (AIFSE), planteó analizar la viabilidad de crear un Sindicato Policial, que integre a todos los cuerpos policíacos y se dedique a la defensa de los derechos de los elementos.
Comentó que “si se aprobó la Ley de Seguridad Interior, fue debido al abandono y desaseo en que se tiene a las policías, así como a la estigmatización que sufren y que va en aumento”.
“Aún con la reforma, los abusos contra uniformados van a continuar, hay mucho dolo de mandos y entes estructurales”, aclaró.
En el evento, distintas organizaciones civiles, como el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., el Observatorio de Seguridad Pública y Privada A.C., la Organización Mundial por la Paz, y Misiones Regionales de Seguridad A.C., entre otras, presentaron sus posicionamientos sobre la necesidad de fortalecer la labor policial en México.