- Priistas pretenden proteger presuntos delincuentes
Tras casi ocho meses de incumplir la normatividad que rige el actuar de la Sección Instructora, algunos integrantes de este órgano legislativo parecen buscar lagunas jurídicas que le permitan proteger a presuntos delincuentes, por lo que “presentaremos otro proyecto de dictamen al que pretenden imponer sus correligionarios del PRI en el caso de Tarek Abdala”, afirmó el diputado Omar Ortega Álvarez.
Consideró como “un afán de garantizar impunidad” lo que se ve para este caso, en el cual algunos miembros de la Sección Instructora hacen todo lo posible, desde que se recibió la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de Veracruz, para retardar el dictamen, primero justificándose con la solicitud de información de un amparo presentado por el denunciado y ahora desestimando la solicitud de la Fiscalía.
Refirió que el diputado Tarek Abdala es señalado por la Fiscalía veracruzana de ser cómplice del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en el desvío de miles de millones de pesos del erario público y que, al gozar de fuero como diputado, no puede ser procesado penalmente, a no ser que se resuelva afirmativamente la declaración de procedencia para retirar la inmunidad.
Para el diputado del PRD Omar Ortega, este asunto no es un tema menor y requiere de la pronta atención, celeridad e imparcialidad para ser resuelto de manera clara y objetiva; para que todos y cada uno de los cómplices y presuntos cómplices de Duarte de Ochoa sean sancionados cumpliendo con los requisitos penales. Contrariamente, el gobierno priísta y sus aliados en la Sección Instructora, realizan un “circo mediático” para distraer la opinión pública, con el objetivo más que evidente de dar “carpetazo al asunto” y emitir un fallo que deje impunes a los delincuentes,
Precisó que la solicitud de declaración de procedencia o desafuero fue presentada el 25 de enero de 2017 por el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, para estar en posibilidad jurídica de proceder penalmente contra Tarek Abdala por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado previstos en los artículos 317, 318, 319, 320, 323, 324 y 327 del Código Penal de la entidad.
El 2 de febrero de 2017, la Sección Instructora, admitió la solicitud y conformó el expediente SI/LXIII/01/2017.
Los protectores del inculpado al interior de la Sección Instructora insisten que es improcedente la solicitud, bajo el ambiguo argumento que la Fiscalía General aun realiza sus investigaciones y, por ello, no se ha demostrado el delito ni la presunta participación de Tarek Abdala, -tesorero en el gobierno de Duarte de Ochoa-.
A los correligionarios del inculpado –dijo Ortega-, parece no importarles las desgracias y tragedias que provocaron los latrocinios del ex gobernador y sus cómplices a millones de veracruzanos, como ha sido colmadamente acreditado a través de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, ni el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) a la fecha, procesa penalmente al ex mandatario priista.
Tampoco parece importarles que hoy (más que nunca) es necesario sancionar a los delincuentes de cuello blanco y obligarlos a devolver los miles de millones de pesos que el ex mandatario estatal y sus secuaces, desviaron de las arcas, principalmente a aquellos que estuvieron a cargo de las finanzas públicas.
El proyecto de dictamen sobre la solicitud de desafuero, que elaboraron los protectores de Tarek Abdala, dice que los indicios sobre su responsabilidad en el multimillonario desfalco no son suficientes sino hasta que se concluya la investigación o, en su caso, haya sido desaforado.
“Esto es ilógico y claramente contraviene la Constitución y otras leyes, -argumentó Ortega-, pues lo que se establece en los ordenamientos es que, precisamente para procesarlo penalmente y sentenciarlo, debe estar desaforado,” dijo.
Por ello, el coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD anunció que en breve presentará un proyecto de dictamen alternativo al que pretenden imponer los encubridores del priista Tarek Abdala.