La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) condenó enérgicamente la decisión tomada la semana pasada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), dependiente de la Secretaría del Trabajo, de mantener el monto de los salarios mínimos por debajo de la línea oficial de pobreza.
Es una inmoralidad e irresponsabilidad que la Conasami sacrifique la calidad de vida de 7.9 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo en aras de supuestamente mantener equilibrios macroeconómicos cuando la evidencia nacional e internacional muestra que lo que esgrime el gobierno mexicano no son razones sino pretextos y prejuicios, señaló a través de un comunicado de prensa.
Es falso que aumentar el salario mínimo en México actualmente tenga un impacto en la inflación por lo siguiente:
1. Constitucionalmente el salario mínimo se ha desindexado de tarifas y multas del sector público por lo que el alza del salario mínimo ya no tiene impacto directo en los precios de otros bienes y servicios como en el pasado.
2. El Monto Independiente de Recuperación es una herramienta eficaz para aumentar en números absolutos el salario mínimo sin que tenga repercusiones en incrementos porcentuales de otros salarios como, en particular, los negociados de los contratos colectivos de trabajo, tal y como se demostró con los insuficientes ajustes de diciembre 2016 y 2017.
3. Además de la experiencia internacional que lo confirma, México ya vivió un experimento natural de aumento del salario mínimo sin repercusiones para la inflación cuando se homologaron las tres zonas geográficas del salario mínimo (A, B y C) en una sola, sin que ello haya significado pérdidas de empleos o inflación en las regiones en las que aumentó su monto.
Por su parte, es inaceptable que se condene la vida de las 7 millones 926 mil 332 trabajadores que al cuarto trimestre de 2017 ganan hasta un salario mínimo y sus familias al deterioro de su calidad de vida en aras de mantener una supuesta competitividad con mano de obra barata.
En el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigimos al gobierno mexicano a que busque la competitividad y la productividad en un impulso a la inversión, a la innovación, la educación, el desarrollo de la ciencia y tecnología. En eso debería usar el dinero público y no en la compra del voto y la corrupción a costa de millones de mexicanas y mexicanos.
Es una desgracia y una grave contradicción, que a pesar de la experiencia previa del titular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, mantenga y justifique la violación de derechos humanos de millones de personas a las que condena por decreto a vivir por debajo de la línea oficial de pobreza.
Ante la ausencia de vergüenza y de justicia por parte del Estado mexicano, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza continuará con los procesos que mantiene abiertos desde enero y febrero de este año para que el gobierno mexicano cumpla con la ley ante instancias nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las y los trabajadores no pueden esperar más. Instancias como la Coparmex, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y decenas de organizaciones civiles y sociales como las 60 que agrupan a la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza han dicho que es urgente, necesario y viable un alza en el salario mínimo como piso hacia un salario suficiente para las y los mexicanos que con su trabajo y su esfuerzo se ganan la vida y, en correspondencia, accedan a un salario que les permita vivir con dignidad y sin pobreza, finalizó.