La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, compuesta por mil 208 elementos, recibe capacitación profesional para la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que representa la instauración de juicios orales en el país.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Alcaldesa Ana María Balderas Trejo, para la correcta aplicación de las leyes en materia penal y el pleno respeto a los derechos humanos en el municipio, el titular de la Dirección de Seguridad Publica y Transito, Comisario Eduardo González Castillo, entregó 320 constancias a los elementos que ya tomaron el curso denominado “Sistema Penal Acusatorio”.
Esta capacitación a grupos de 40 elementos dio inicio en el mes de enero, por instructores certificados por el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, con una duración de 40 horas en las aulas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.
El curso que está dirigido a todo el personal operativo, concluirá el próximo mes de abril y forma parte del Programa del Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal Y Competencias Policiales Básicas.
El objetivo general es capacitar a aquellas autoridades que realicen funciones de Primer Respondiente, con un instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, dotar a las Policías con capacidades para procesar, de un instrumento en el que se homologuen las directrices de su actuación, de conformidad a las mejores prácticas, para la aplicación de la metodología criminalística en el lugar de intervención, para la investigación criminal.
Los objetivos específicos consisten en establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del Primer Respondiente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Además, proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del Primer Respondiente, mediante el desarrollo sistemático de su participación y en coordinación con las autoridades que concurren en el lugar de la intervención.