La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, se reunió con representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de conocer los procesos de compras a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).
La presidenta de la comisión especial, Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), consideró indispensable que las adquisiciones gubernamentales sean eficientes, transparentes e impulsen la rendición de cuentas, a fin de contribuir a un mejor ejercicio del gasto público y potenciar la prosperidad social.
El propósito, sostuvo, es coadyuvar en el combate contra la corrupción y, además, atender la demanda social de que existan castigos ejemplares para los responsables de actos.
“En la medida que existan sanciones ante instancias judiciales, se va a disuadir que otros servidores cometan este tipo de delitos. No debe haber lugar para la impunidad, que es el principal cáncer que carcome a nuestro país y que sin castigos ejemplares, difícilmente habrá un cambio real”, comentó.
Resaltó la importancia de generar un diálogo entre Poderes, para conocer las acciones del Ejecutivo y las formas en que el Legislativo puede abonar para mejorar el sistema de CompraNet.
En tal sentido, la legisladora aceptó la invitación de los funcionarios para formar parte del grupo de trabajo que permita trazar una ruta que consolide la implementación de prácticas solidas de datos abiertos puesto que, a pesar de proporcionarse una amplia información sobre las compras, esta no es exhaustiva, lo que resta a la rendición de cuentas.
Añadió que es muy difícil encontrar una estadística actualizada sobre los montos de compras mensuales, los más recientes son los datos anuales del periodo 2012-217; por ello, solicitó a los funcionarios contar con un banco de datos más detallados sobre ese tema.
Refirió que otro tema primordial es la denuncia y para ello se debe analizar el caso de Austria, donde se creó una línea directa para la recepción de quejas en la página de la fiscalía contra la corrupción y los “delitos de cuello blanco”. “Este tipo de esquemas puede ser muy oportuno, pues se da la facultad al denunciante para que decida si permanece en el anonimato”, expresó.
Asimismo, cuestionó la manera en que contribuyen conjuntamente el sistema económico, financiero y fiscal, en la desaparición de las empresas fantasma.
Por su parte, la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (MC) inquirió sobre las acciones que desde el ámbito legislativo para tapar lagunas legales en la Ley de Responsabilidades Administrativas y demás leyes que fundamentan su actuar para que la ciudadanía tenga mayor certeza jurídica.
José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, dijo que con la finalidad de impulsar un gobierno abierto que permita la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, el sistema Compranet fue alineado a las políticas gubernamentales de apertura.
Comentó que las compras públicas representan 22 por ciento del presupuesto que ejerce la Administración Pública Federal y las contrataciones el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), “es una actividad estratégica porque permite atender, mediante la adquisición de bienes y servicios la atención del servicio público”.
Resaltó la conformación de un grupo de trabajo integrado por la sociedad civil (Transparencia Mexicana, México Evalúa), organizaciones empresariales (Coparmex, Concamin, Canacintra), dependencias federales y organismos autónomos (INAI, Comisión Federal de Competencia Económica, Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional del Emprendedor).
Además, se formaron subgrupos para identificar diferentes puntos como la publicación de la información, la interacción que se tiene con proveedores, la competencia, facilitar e impulsar que haya mayor competencia entre los proveedores y el desarrollo de las capacidades de los mismos, así como la eficiencia y eficacia de Compranet y el procesamiento de quejas y denuncias.
“Esperemos que se contribuya con este sistema a dar una mayor transparencia y rendición de cuentas de lo que es la Administración Pública Federal”, añadió.
Al dar respuesta a cuestionamientos de legisladores, detalló que la persona física o moral que desee ser contratista o proveedor será buscada en su domicilio fiscal y se verificará que se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, con el fin de evitar a las empresas fantasma.
Refirió que para salvar las lagunas en el tema de responsabilidades, ésta competerá al Sistema Judicial en el sentido de realizar una adecuada interpretación.
Respecto a las reformas en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, agradeció su aprobación en la Cámara de Diputados, a pesar de que las mismas continúan en el Senado de la República.
Enfatizó el compromiso de trabajar en conjunto con la comisión para realizar una eficiente norma en la materia.
Alejandro Luna Ramos, titular de la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, refirió tres etapas para modernizar Compranet, a fin de convertirlo en un sistema electrónico transaccional, estandarizado, transparente, confiable, interconectado, coordinado y útil para los usuarios.
Además, para que se convierta en un instrumento que aliente la rendición de cuentas y catalizador de la competencia económica, permitiendo el acceso a la información mediante formatos más accesibles para los usuarios, tanto de las dependencias públicas que requieren bienes y servicios, como de las Mipymes que pueden ser provedoras.
El objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de la contratación pública, a través de un sistema electrónico que no solo incluya los procedimientos, sino la información de la planeación de las contrataciones con la programación, recursos que se invertirán y la ejecución que prevengan irregularidades y corrupción.
Precisó que este proceso se realizará a partir de las 34 recomendaciones propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para actualizar el Compranet con una visión de largo plazo, mediante acciones que ya están vigentes, y cuyos resultados, en una primera etapa se obtendrán en noviembre del presente año, y que prevén concluirse en el 2027.
Destacó la importancia de identificar reformas al marco jurídico que regula Compranet y que serían necesarias para modernizarlo en el enfoque de largo plazo, mediante reglamentos o disposiciones secundarias.
Consideró necesario hacer una revisión de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios para que la estrategia de contratación electrónica que se lleve a cabo esté vinculada a un programa amplio y coordinado de ajuste normativo.
Citó que actualmente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público plantea que los procedimientos sean presenciales, y lo que propone es que las licitaciones se realicen vía electrónica, especificando las excepciones que se presenten.