La iniciativa que pretende criminalizar a las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos para su operación –con sanciones que van de dos a seis años de cárcel, 300 días de multa y el decomiso de sus instrumentos para transmitir– no es el camino correcto para regularizar su funcionamiento, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza.
El legislador federal de Morena consideró que la propuesta priista es un retroceso para la democracia y la libertad de expresión, ya que significa atentar contra un derecho categórico y establecido en la Constitución Mexicana a favor de las comunidades para comunicarse y reconocerse como ciudadanos.
“Por vivencia propia, conozco lo que representa para una comunidad tener su propio medio de comunicación que proviene, precisamente, de la ausencia del interés de los medios comerciales para atender la cultura, la lengua, las ideas y los problemas de ese sector de la población”, subrayó el también periodista y fundador del Canal del Congreso.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que muchas radios de carácter social no tienen permiso para usar el espectro radioeléctrico, pero que eso no las convierte en organizaciones criminales. Por ello, sentenció, no es mediante la penalización como se regularizará su funcionamiento.
Lo anterior ocurrió en el marco de la Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados que se efectuó este miércoles, donde entre otros dictámenes se discutió una iniciativa del diputado priista Benjamín Medrano Quezada, para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, con el objetivo de penalizar a las radios comunitarias e indígenas que operen de manera ilegal.
Caballero Pedraza consideró que si bien es importante regularizar el funcionamiento de toda la radiodifusión en México, también es fundamental tomar en cuenta que las radios comunitarias e indígenas verdaderamente ofrecen un servicio social, en contraste con los medios electrónicos dedicados a obtener grandes ganancias a través de publicidad.
Apuntó que la mayoría de las radiodifusoras comunitarias e indígenas operan en poblaciones alejadas e incluso incomunicadas, cuyo propósito es diametralmente opuesto a los fines de lucro y están encaminadas a realizar una labor social y de difusión de la cultura.
Quien también es Secretario de la Comisión de Radio y Televisión recordó que el año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) trató infructuosamente de implantar acciones similares contra dichas radiodifusoras a las que hoy impulsa el PRI, y que son apoyadas por el PVEM y el PAN, a través de la campaña “Se busca por robo”.
Por último, opinó que dicha campaña y la propuesta de Medrano Quezada –quien recientemente dijo que los diputados indígenas no saben escribir ni leer y ni siquiera conocen sus derechos–, son violatorias de los Artículos 2, 6 y 7 de la Constitución Mexicana; del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.