El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de prohibir el uso de mototaxis en el servicio de transporte público, por no contar con las medidas mínimas de seguridad.
La propuesta adiciona un artículo 171 bis al Código Penal Federal para establecer que a quien realice actividades de transporte ilegal de pasajeros con vehículos automotores de tres ruedas, se le impondrá una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la remisión del vehículo al depósito.
Agrega también una fracción VI al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para precisar que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio de transporte de pasajeros.
La iniciativa, presentada en la Permanente y turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Transportes, señala que todos los días transitan en varias entidades del país miles de mototaxis que dan servicio de transporte público de manera ilegal, provocando accidentes y poniendo en riesgo la seguridad del entorno, además de que comprometen la integridad física de los usuarios y otras personas.
Esto, debido a que este tipo de automotores no son adecuados para el transporte de pasajeros ni cuentan con las mínimas medidas de seguridad; adicionalmente, quienes prestan este servicio no son sometidos a ningún proceso de evaluación y los conductores circulan sin licencia de manejo.
“Circulan en medio de una total anarquía, desconociendo el reglamento de tránsito, invadiendo los espacios públicos o conduciendo en sentido contrario, todo lo cual representa un riesgo para la población”, enfatiza el documento.
Puntualiza que este transporte es altamente inestable y no cuenta con una estructura sólida que garantice la protección de las personas que lo utilizan. Por lo tanto, no sería correcto plantear ningún tipo de reglamentación para dar viabilidad a este tipo de vehículos como un medio de transporte de pasajeros; “sería irresponsable regular una actividad que sabemos que tiene un alto riesgo para la vida de las personas”.
“En las ciudades de nuestro país, esta clase de transporte irregular se ha reproducido exponencialmente y con ello las prácticas perniciosas que conlleva una actividad que se realiza al margen de la Ley. Debemos apostar por un servicio eficiente y de calidad, que abone en un nuevo modelo de movilidad y cuente con garantías mínimas para brindar protección a los usuarios, en caso de accidentes”.