La diputada Magdalena Moreno Vega presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, con el fin de evitar nuevos motines en los centros de reclusión de esa entidad.
“En lugar de cumplir con su labor de reinserción social, las cárceles mexicanas se han convertido en centros de conflicto que apuntan a ser el problema inmediato a resolver”, afirmó.
Ante la problemática que priva en los centros penitenciarios del Estado de México, el Gobernador Alfredo del Mazo está obligado a combatir con urgencia la corrupción que impera en éstos, con el fin de evitar nuevos motines y que se respeten los derechos humanos de los internos, exigió Magdalena Moreno Vega, diputada federal de Morena.
Señaló que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos años se registró un repunte de la violencia en los penales mexiquenses, lo que pone en riesgo la integridad física de los reclusos.
Derivado de ello, el pasado 2 de mayo presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Mandatario local a realizar acciones inmediatas y eficaces de combate a la corrupción en las cárceles de la entidad, así como frenar el deterioro institucional del sistema penitenciario mexiquense.
“En lugar de cumplir con su labor de reinserción social, las cárceles mexicanas se han convertido en centros de conflicto que apuntan a ser el problema inmediato a resolver por parte del Gobierno”, subrayó en su documento.
Moreno Vega aseguró que el motín en el penal de Texcoco ocurrido el 4 de abril pasado, confirma que éstos no sólo son más frecuentes, sino que se generan por los esquemas ilegales de autogobierno en dichos espacios, los cuales revelan la colusión entre los grupos delincuenciales dominantes y las autoridades penitenciarias.
Asimismo, expuso que en el Estado de México existe una capacidad instalada para recibir 11 mil reclusos, pero que hasta diciembre de 2015 las propias autoridades penitenciarias reportaron un sobrecupo de 146 por ciento, ya que los penales alojan a 26 mil 856 internos.
“Esta situación sin duda vulnera los derechos a la integridad personal, protección a la salud y a la reinserción social, principalmente”, recalcó la legisladora federal por el Estado de México.
En ese contexto, consideró urgente realizar acciones eficaces ante el deterioro de los centros de reclusión en la entidad, como lo confirmó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 –elaborado por la CNDH y presentado el 2 de mayo–, en el cual el Estado de México obtuvo una calificación de 6.73 en el 2015; de 6.40 en 2016 y de 6.31 el año pasado.