La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, María Luisa Beltrán Reyes, propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la observancia en los procesos de inscripción a las instituciones públicas y, en su caso, sancione a quien condicione el servicio educativo y la entrega de documentos al pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres de familia.
En su documento, de exhorto, presentado en la Permanente y turnado a la Segunda Comisión, subrayó que esta es la temporada de recibir documentos en las escuelas y de aportar las cuotas escolares “voluntarias” para el siguiente ciclo escolar, las cuales van desde los 200 hasta los 650 pesos, en promedio.
Desde la reforma educativa de 2013, cuando se estableció que las asociaciones de padres de familia pueden tener participación en la vida escolar y derecho a recibir cooperaciones “voluntarias”, algunas de ellas perdieron su esencia, pues el carácter de voluntario se confundió y las volvió contraprestaciones del servicio educativo, malinterpretándose así la autonomía de gestión, denunció.
Recordó que uno de los argumentos para cobrar cuotas escolares es que existe un acuerdo de la sociedad de padres de familia para que el dinero se destine a la mejora de la infraestructura escolar; sin embargo, la Constitución marca que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria.
“Hay escuelas en las que aún se les obliga a los padres de familia a aportar cierta cantidad de dinero para el mantenimiento de las mismas y el pago de servicios como Internet, luz y agua”, agregó Beltrán Reyes.
Expuso que, en los últimos días, una problemática es la del condicionamiento, por parte de las autoridades escolares, de la entrega de documentos e, incluso, entre los requisitos de inscripción, se enlista una copia o el original del recibo de su cooperación “voluntaria” por el monto establecido.
Agregó que muchas de las familias con hijos inscritos, o que pretenden inscribirlos en escuelas públicas, no cuentan con el recurso económico suficiente para aportar la cantidad que la sociedad de padres les solicita, lo cual propicia un problema mayor, pues en ocasiones se evidencia a los niños que no aportaron su cooperación en la entrada de las escuelas o en las puertas del salón, con los consecuentes problemas de autoestima y bullying de sus compañeros e, incluso, del maestro.
“Delegar la responsabilidad de los gastos de operación de las escuelas en los padres de familia, afecta en especial a las que se encuentran en contextos desfavorecidos. Si bien los planteles obtuvieron autonomía de gestión escolar, eso no significa que las sociedades de padres de familia tengan derecho a cobrar y negar el acceso a la educación o la entrega de documentos a todos los niños, niñas y adolescentes, pues las cooperaciones voluntarias se convierten en obligatorias y lo gratuito en oneroso”, afirmó.
La diputada del PRD resaltó que las cuotas establecidas por las asociaciones de padres deben ser módicas y el dinero que recauden transparentado. La sociedad de padres tiene la obligación de mostrar sus estados financieros y denostar el buen uso de los recursos, enfatizó.
Por ello, sugirió que la SEP vigile en los procesos de inscripción a las instituciones públicas del país y, en su caso, sancione a quien condicione el servicio educativo y la entrega de documentos al pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres de familia.