El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, lamentó que en los últimos años el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sea uno de los proyectos federales, dentro del ramo 33, que cada año presenta mayores subejercicios en los estados.
En un comunicado, el también coordinador de los diputados del PRD explicó que dicho fondo tiene como principal objetivo aportar recursos federales a los estados para la prestación de servicios de salud a la gente que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social.
Refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en la Cuenta Pública de 2016, que 31 de las 32 entidades del país presentaron irregularidades y subejercicios por siete mil 62 millones 276 mil pesos en dicho fondo.
“Además, la ASF externó que los servicios de salud de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Veracruz utilizaron parte de esos fondos para pagar nóminas, pero no presentaron evidencia de haber entregado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las cuotas correspondientes”, argumentó.
El líder parlamentario agregó que es de suma importancia que los estados comprueben la entrega de los recursos federales asignados para cubrir gastos del ISSSTE, a fin de hacer cumplir lo presupuestado para dicha área.
“Para el grupo parlamentario del PRD la defensa de los derechos laborales y de acceso a servicios de salud siempre será prioridad y pugnaremos por que se respeten a cabalidad”, aseguró.
Ante ello, Martínez Neri presentó un exhorto, ante la Comisión Permanente, para que el ISSSTE informe si los gobiernos de Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Nayarit han cumplido con la transferencia de recursos federales asignados al FASSA.
Asimismo, el diputado federal por Oaxaca solicitó que en caso de que hasta la fecha no se haya efectuado la referida transferencia de recursos, ésta se realice a la brevedad.
Dijo que este fondo fue diseñado para otorgar los servicios básicos a un segmento de la población que no cuenta con empleo formal y que, por lo general, su poder adquisitivo es inestable.
“Es por eso que nuestro deber como representantes populares es coadyuvar a mejorar sus condiciones de vida y vigilar que los recursos se utilicen de buena manera”, concluyó.