- Este traslado es resultado de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad encabezado por el Gobernador Alfredo Del Mazo.
- Asegura la Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, que se trata de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en los centros penitenciarios de la entidad.
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, logró este miércoles, el traslado de 49 personas privadas de su libertad a penales federales, catalogadas como de alto riesgo de acuerdo a sus perfiles criminológicos.
Este traslado es resultado de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad encabezado por el Gobernador Alfredo Del Mazo y en él además de la policía estatal, participaron la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Federal (PF).
La Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, aseguró que de esta manera se da cumplimiento a la estrategia instruida por el Gobernador Alfredo Del Mazo, en el Decálogo de Seguridad.
Dijo que se trata de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en los centros penitenciarios de la entidad, de detectar a las personas privadas de la libertad catalogados como de alto riesgo de acuerdo a sus perfiles criminológicos para que sean llevados a otros penales federales del país.
Recalcó que la Secretaria de Seguridad del Estado de México, continuará fortaleciendo el orden en los centros de reclusión y así evitar la colusión de células delincuenciales y prevenir posibles disturbios en los penales de la entidad.
Cabe destacar que el protocolo de traslado se efectuó con apego irrestricto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad sentenciadas por delitos de alto impacto como son delincuencia organizada, homicidio, extorsión y secuestro.
Las 49 personas privadas de su libertad, fueron reubicadas a los Centros Federales de Readaptación Social, de Guanajuato, Michoacán, zona Oriente y Oaxaca.
Con acciones contundentes el Gobierno del Estado de México, trabaja para evitar actos de que pongan en riesgo a la población penitenciaria, priorizando las tareas en materia de Seguridad Pública Estatal, en beneficio de la sociedad mexiquense.