El país está como está como resultado de un gobierno fallido, al que se suman decisiones irracionales, agresivas y violatorias de derechos humanos a los mexicanos.

Por fortuna sólo quedan 8 meses… y días, para deshacernos de un Sistema y su partido que durante 6 años “jodió” a la sociedad, pese a promesas de campaña “te lo firmo y te lo cumplo” (jajajajaja), que destrozó su calidad de vida y llegó al hartazgo de un gobierno priista, que no pudo, no supo o no quiso ser eficiente.

A lo ya conocido y padecido de la administración peñista, se suman los desaciertos, inconsistencia y decisiones contra la sociedad de uno de los Poderes de la Unión, que en las décadas de los 70, 80 y 90s, fue digna, respetada, admirada, creíble, pero que al politizarse perdió reconocimiento del pueblo.

Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos Ministros se han convertido en impartidores de justicia “a modo” del gobierno en turno, sin importarles el daño que causan a la sociedad.

Me referiré a dos casos específicos que hicieron perder la credibilidad de la Corte, por sus resoluciones y/o decisiones.

La tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 bebés y 104 más heridos con secuelas de  por vida, por las llamas del incendio que los abrazó. Los padres de los infortunados gastaron energías, dinero, enjundia, clemencia y exigencia de castigo a los responsables, encontrando sólo negativas e indiferencia de las autoridades municipales, estatales, del IMSS, judiciales, etc. sólo les quedaba el último recurso para encontrar paz, resignación, justicia y oídos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta acá llegaron los destrozados padres, con la esperanza de ser escuchados en el recinto, se suponía, es el oasis de la rectitud. Tocaron la puerta de Pino Suarez # 1, pero nadie les abrió. Con su pesadumbre y sed de justicia, los progenitores no cejaron en su afán, ante la negativa, hicieron un plantón esperando ser atendidos.

Indiferentes, los togados les dieron la espalda, pues determinaron (lean bien): “no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso” y sólo se limitó (la Corte) a señalar a quienes resulten involucrados.

La reacción de los padres fue de indignación, desilusión e ira. Pues los tres funcionarios directa o indirectamente responsables de la tragedia: Eduardo Bours Castello, Gobernador de Sonora, Juan Molinar Horcacitas (como Director General del Seguro Social, antes de la desgracia) responsable de subrogar casas, casonas y bodegas como guarderías del IMSS y Daniel Karam Toumeh, titular del Instituto cuando se dieron los hechos, fueron exonerados, con lo que la SCJN se lavó las manos y dejó a los papás con su dolor y no impartió justicia.

¡Vamos…! Ni siquiera una amonestación.

La principal responsable de los hechos del 5 de junio de 2009, fue la propietaria (concesionaria) de la Guardería ABC, María Matilde Gómez del Campo. A nueve años de distancia goza de cabal impunidad, por una “poderosa razón”, de la que también la Corte se “hizo ojo de hormiga”, no le dio importancia.

Resulta que Matilde Gómez del Campo, es prima de la esposa del entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala Gómez del Campo, razón por la cual a Doña Matilde, la Corte y las autoridades judiciales, del IMSS, etc. no la “tocaron ni con el pétalo de una rosa”, y en las consideraciones de la SCJN, ni siquiera la mencionaron (tal vez por no ser funcionaria pública, pero es un error) pues al obtener la concesión para explotar una instancia infantil, asume todas las responsabilidades de un servidor público. Peor nadie la tocó.

¿Cuál separación de poderes?

Ahora Margarita Zavala Gómez del Campo, será candidata “independiente” a la presidencia de la república, pero sobre sí llevará el estigma (moral) de que su pariente Matilde es responsable de la muerte de 49 bebés y 104 más con marcas de por vida en su cuerpo, y no fue capaz, siendo “primera dama”, de al menos cuestionar a su pariente.

Hasta aquí el primer caso de la indolencia de los Ministros de la Corte.

El otro es actual, apenas dos semanas atrás, cuando estos mismos burócratas divinos resolvieron dar otra puñalada trapera a los mexicanos al avalar que las policías en todo el país pueden detener y catear, sin orden judicial, a cualquier persona, automóvil u hogar, que “consideren sospechosos” de delincuencia.

Sí. Con el “criterio” de policías que no tienen el perfil profesional, la capacitación,  habilidades, conocimientos o respeto a las personas, sólo reaccionan, no investigan, 7 de los 11 Ministros de la SCJN dieron “manga ancha”, “abrieron la puerta” a abusos, extorsión y violación de los derechos humanos de “algún” caviloso.

En aras, dijo un togado, de que los policías no sólo sean entes pasivos o vigilantes, “se les da la facultad” para que bajo suspicacia, puedan actuar cuando sientan que alguien (diría yo, sin tener pruebas) es delincuente, por su apariencia, actitud, reacción, mirada o carácter.

Entiéndase, estos nuevos Sherlock Holmes, no llevarán Orden de un Juez, que fundamente y motive dicho proceder, como lo establece –hasta ahora- el Artículo 16 de nuestra Constitución. Acciones que intimidarán y afectarán la vida privada del “sospechoso” y  a su familia.

Este aval judicial –irresponsablemente- dará actuación discrecional, arbitraria que ignora el Artículo 21 Constitucional que establece “la policía siempre actuará bajo la conducción y el mandato de un Ministerio Público”

Los togados que votaron a favor de esta infame decisión, “su razón tendrán” son: Javier Laynez Potisek, (proponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar, Presidente de la Corte.

En contra: Arturo Zaldívar, Norma Piña, José Ramón Cossío y Fernando Franco.

¿Qué acaban de autorizar los susodichos? Que cualquier ciudadano (en todo el país) que conduzca su auto o este tranquilamente en su casa con la familia, puede ser atacado en su intimidad y propiedades por un grupo de policías, que sin documento alguno,  allanarán el lugar, catearán los rincones, manosearán a las personas, sin recato alguno, violentando sus derechos humanos, por el sólo hecho de que “supongan” que en el auto o en la casa hay armas, drogas, dinero, secuestrados, etc.

Imaginamos el impacto sicológico, social, familiar de hijos, nietos, padres, abuelos, amigos, parientes que presencien el atropello policial. Si  resulta que a los “agresores” les falló el cálculo y actuaron bajo su instinto, qué le dirán a los agraviados, “usted disculpe, cometimos un error”. ¿Quién reparará el daño moral?

No se puede, “señores” Ministros, habilitar a policías como investigadores y/o reaccionarios ante una intuición personal. ¿Qué, para un trabajo de inteligencia, no se requiere perfil profesional, control de confianza, certificado psicométrico, investigación profunda con protocolo de respeto a la dignidad, a la familia, al derecho humano?

¿Qué así como así, de la noche a la mañana y por orden de la Corte cualquier policía puede actuar motu proprio, porque su intuición le hace creer que todo mexicano es delincuente?

El pasado nos condena. Tenemos pruebas suficientes de la irresponsable actuación de nuestras policías (Ayotzinapa, San Andrés Atenco, Tlatlaya, Nochixtlán, Jueves de Corpus. 2 de octubre 68) como para que ahora se les de licencia para libertinamente detengan, cateen, allanen a personas y propiedades, por una simple “sospecha”.

¿Este es el Poder Judicial que merecemos? ¿En dónde están nuestros representantes populares: diputados y senadores, para frenar y echar atrás esta afrenta, agravio y atentado contra nuestros derechos humanos, que nos indilga la SCJN?

Paras eso no votamos por ustedes… ¡Hagan algo, aunque sea  bueno tras 3 y 6 años de holgazanear del presupuesto!

*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Comunicadores por la Unidad (CxU)

lrepperjaramillo@yahoo.com