Necesario reforzar mecanismos para el seguimiento y supervisión de obras públicas

Es indispensable reforzar los mecanismos para el seguimiento y supervisión de obras públicas, de tal forma que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma, y con base en los requerimientos técnicos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas.

La Comisión de Infraestructura, que preside el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), señaló lo anterior al aprobar su opinión respecto al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 aplicada al sector Comunicaciones y Transportes.

Precisó que las áreas técnicas de supervisión deben revisar constantemente los proyectos en proceso, y en los convenios los contratistas también deben llevar a cabo la supervisión y control que se acuerde entre ellos y el sector.

Estimó que varios elementos de planeación, contratación, ejecución, supervisión y seguimiento de obras públicas, podrían ser corregidos si se aprobara la minuta de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Subrayó que el objetivo de esta minuta es clarificar los procedimientos en el proceso de licitación, ejecución y pago de finiquitos, lo que hará más eficiente la contratación y desarrollo de obras públicas. Asimismo, el análisis comparativo del costo del ciclo de vida, proyectos de magnitud o alcance relevante y gerencia de proyectos. Se especifican y mejoran aspectos referentes a la residencia de obra, para fortalecer la supervisión y control en la ejecución de los trabajos.

Referente a la observación realizada a los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, en la que la ASF menciona la imposibilidad de verificar la determinación de precios y los elementos del costo total del proyecto, así como el mantenimiento y operación, la comisión estimó que para la autorización de los mismos las dependencias deben realizar un Análisis Costo Beneficio, el cual debe estar soportado por un proyecto ejecutivo que sustente los costos.

Respecto a la revisión del Cumplimiento de las Condiciones de Títulos de Concesión, la instancia legislativa refirió que se aprobó una reforma para modificar el artículo 6 y adicionar el 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece mecanismos para asegurar la viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte que se realicen a través de concesiones, donde la SCT deberá evaluar su rentabilidad económica.

Además, se clarifica que cuando existan recursos fiscales en el otorgamiento de la concesión, la SCT deberá registrar estos proyectos en la cartera de programas y proyectos de inversión. Y se establece que la determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al gobierno federal, deberán ser aprobadas por la SHCP a propuesta inicial de la SCT.

Por lo tanto, subrayó, las observaciones realizadas sobre las contraprestaciones y el registro en cartera de los proyectos con recursos fiscales, deberán ajustarse a los procesos y normas establecidas mediante la legislación aprobada.

Durante su reunión ordinaria, la Comisión de Infraestructura también aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Centro SCT de Oaxaca a ejercer oportunamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, destinados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en el estado.

Además, se pide al gobernador de Oaxaca implementar acciones para solucionar el deterioro que presenta la infraestructura carretera en la región mixteca y, en general, de todo el estado; y, a su vez, a la SCT para que en conjunto con este organismo estatal lleve a cabo acciones para rehabilitar, mantener, modernizar y concluir las carreteras, caminos y puentes de la entidad.

También se avaló otro dictamen para exhortar a la SCT a verificar los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluya la construcción de la carretera, con el objetivo de que los beneficios puedan ser aprovechados por la ciudadanía.