El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marko Cortés Mendoza (PAN), afirmó que buscará los acuerdos necesarios para que el Pleno designe, a más tardar el próximo 15 de diciembre, al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Como presidente de la Jucopo buscaré que se den los acuerdos para tener un auditor que venga a dar a la ASF la característica” que ésta debe tener: el cuidado del “buen uso de los recursos” públicos federales, agregó el legislador en declaraciones a la prensa.
Cortés Mendoza aclaró que entre los candidatos a ese cargo, podría estar el actual titular de ASF, Juan Manuel Portal Martínez, de quien “tendremos que evaluar su desempeño, porque eventualmente puede ser otro aspirante” a encabezar la ASF.
Informó que la Comisión de Vigilancia de la ASF “emitirá una convocatoria” el próximo miércoles, para integrar una terna de la que, a más tardar el 15 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados designe a quien ocupe el cargo de auditor, a partir de 1 de enero del año próximo.
“Es nuestra responsabilidad que a más tardar el 15 de diciembre nombremos un nuevo auditor Superior de la Federación” y, de acuerdo a la convocatoria, “se tienen aproximadamente 20 días” para que el Pleno de la Cámara de Diputados “tenga una terna para que sea votada” por una mayoría calificada, añadió Cortés Mendoza.
Señaló que “nosotros buscaremos escuchar a la sociedad, a los diferentes grupos interesados en el combate de la corrupción y el mal uso de recursos públicos, con la intención de que efectivamente podamos tener un auditor a la altura de las circunstancias”.
Apuntó que “la Cámara de Diputados no se puede dar el lujo” de dejar de nombrar al titular de la ASF, “como ocurre en este momento con la PGR (Procuraduría General de la República) o Fiscalía General” de la República, o con el (nombramiento pendiente del) fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales” (Fepade).
“Es inadmisible que vayamos a un proceso electoral”, en el 2018, sin un fiscal especializado contra los delitos electorales y “parece que eso le conviene al gobierno federal que viola la ley, que usa los recursos públicos en beneficio de su partido y sus candidatos”.