Con el objetivo de fortalecer la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en materia de denuncia, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó una Iniciativa.
La también secretaria de la Mesa Directiva indicó en entrevista que la propuesta planteó reformar los párrafos segundo y tercero del Artículo 12 de dicha Ley reglamentaria referente al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo es proteger a los agentes delatores de un secuestro, para que cuando develen datos o información, contribuyan a que la autoridad persecutora actúe de manera plena, eficaz y oportuna en su tarea de rescate y/o salvaguarda de la vida de aquellas personas víctimas de este ilícito.
Ocampo Bedolla aseveró que la privación de la libertad “es un delito que regularmente no se denuncia, ya que las víctimas ceden para llegar a una negociación que implica el pago del rescate”. Sin embargo, lamentó que independientemente del carácter y medios con los que se busque la liberación de la víctima, los resultados sean funestos.
“Quienes son privados ilegalmente de su libertad, así como sus familiares y conocidos, son sometidos a constantes estados de zozobra, causando un daño que perdura por tiempo indefinido”, comentó.
La legisladora por Morelos refirió que de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil, se calcula que aproximadamente seis personas son secuestradas al día.
En ese sentido, añadió que según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, elaborada por el INEGI, se estima que a nivel nacional se presentaron casi 70 mil secuestros durante 2016, y que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue de 93.6 por ciento a nivel nacional durante 2016.
La diputada aliancista agregó que de acuerdo con dicho estudio, los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo en un 33.1 por ciento de los casos, y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento de los encuestados.
Por lo anterior, Ocampo Bedolla urgió a no ser indiferentes ante estos datos, toda vez que el secuestro “se ha convertido en una industria que genera a la delincuencia enormes ganancias, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades para abatir el fenómeno, no se ha conseguido mermar significativamente su incidencia”.
“En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos comprometimos a coadyuvar en la disminución de la inseguridad y devolver la tranquilidad a los hogares mexicanos; sabemos que uno de los delitos que más daño causa a las familias es el secuestro”, subrayó.