El diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD) pidió que se amplié el rango de edad en atención y tratamiento de las enfermedades cardíacas a los afiliados del Seguro Popular, ya que actualmente sólo cubre por ataques al corazón a menores de 60 años de edad.
En un comunicado, informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud (SSA) y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), para que analicen la alternativa de ampliar el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por estos padecimientos.
Señaló que el Seguro Popular no cubre en su totalidad las enfermedades cardíacas. “En la Carta de Derechos y Obligaciones 2015 para los afiliados a este programa, se menciona que sólo ofrece atención médica por ataques al corazón en pacientes menores de 60 años”.
“Eso, lo convierte en un seguro focalizado en contra de los principios universales, sobre todo, en contra del derecho a la salud y a la no discriminación”, abundó.
Reyes Álvarez indicó que, según datos del Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos (Renasica), el índice de pacientes con infarto, de características transmurales, se ha elevado en México en 50 por ciento en los últimos años. Las cifras van de 29 mil a 90 mil defunciones por dicha causa, durante los últimos 14 años.
Los mexicanos se infartan, en promedio a partir de los 60 años, donde 80 por ciento son hombres, de los cuales 50 por ciento padecen hipertensión, entre 45 y 46 por ciento son diabéticos, 50 por ciento tienen antecedentes de tabaquismo y entre 30 y 40 por ciento padece dislipidemia (trastornos relacionados con el colesterol y con los lípidos).
El diputado perredista explicó que las afecciones cardiovasculares son la primera causa de deceso en México, por encima del cáncer; por ello, es necesario que el Seguro Popular las cubra de manera universal principalmente en la población de 60 años y más, pues, es el sector más propenso a tal padecimiento.
Reyes Álvarez refirió que con la creación del Seguro Popular se buscó otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos y reducir gastos de salud, “pero el objetivo no se ha cumplido”.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 46 por ciento de las familias afiliadas al programa hacen gastos de sus bolsillos para pagar algún tipo de atención médica.