Conscientes de los problemas medioambientales en el país y la necesidad de información para elaborar propuestas de políticas públicas que ayuden a solucionarlos, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, presentó la “Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas”.
María del Coro Arizmendi, secretaria técnica de la Secretaría de Desarrollo Institucional y coautora en el texto, explicó que más de 40 investigadores participaron en su elaboración, no sólo de esta casa de estudios, sino de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo) y El Colegio de México.
Los autores hablaron sobre el texto que abarca ocho grandes problemas: agua, biodiversidad, bosques, transición energética, mares y costas, minería, agricultura y alimentación, así como derechos humanos; puede ser consultado en el sitio http://agendaambiental2018.susmai.unam.mx.
“En el contexto del cambio que vive el país, necesitamos una nueva visión del ambiente como tema social, político, económico y de democracia, que nos incumbe y es fundamental para mejorar nuestras vidas y al país”, enfatizó Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales.
Estos tópicos, añadió, tienen que ver con democracia, por lo que el texto va dirigido a la sociedad civil, con el fin de que tenga mejores elementos para influir en la toma de decisiones.
“Se piensa que las decisiones ambientales deben ser tomadas por expertos y autoridades, cuando los cuestiones como gestión, transporte urbano, contaminación del suelo o concesiones mineras nos corresponden a todos. Las decisiones deben ser tomadas de forma más abierta, de manera que incluyan a la sociedad civil”, remarcó.
La antropóloga precisó que se espera presentar el documento a los candidatos a la Presidencia y, después de las elecciones, al Poder Legislativo, con miras a que las propuestas sean consideradas e incluidas en las políticas públicas.
Al respecto, Luis Zambrano González, del Instituto de Biología, comentó que la mayor parte de la población en México es urbana, y la proporción aumentará en los siguientes años, lo que implica una serie de retos como la inversión de la pirámide poblacional, el aumento de enfermedades, el cambio climático, un mal manejo de las cuencas hídricas, así como una falta de planeación en la ocupación del territorio.
“Cuando pensamos en una ciudad se nos olvida que la naturaleza existe. Vivimos en una cuenca que tiene su propia dinámica e ignorarla es lo que nos hace más vulnerables, por ejemplo, ante sismos o inundaciones”, subrayó.
Por ello, es necesaria una política urbana que considere el crecimiento poblacional, que promueva un balance hídrico, proteja sus zonas verdes, con un buen servicio de transporte público y un plan para adaptarse o ser más resilientes ante el cambio climático.
Al hablar del problema de la alimentación, Helena Cotler Ávalos, del Centro Geo, recordó que hoy en día la industria alimentaria se encuentra en manos de una decena de empresarios.
Eso, estimó, vulnera nuestra seguridad y soberanía alimentaria, y agudiza la pobreza del 70 por ciento de los pequeños agricultores en el país; por ello, es necesario generar nuevas políticas públicas que los beneficien, pues son los que generan el 39 por ciento de la producción agropecuaria.
También se ha olvidado la protección del suelo, “base de todos los tipos de alimentación y los ecosistemas. Justamente por esto su deterioro alcanza el 60 por ciento del país. Es decir, no se puede producir con el potencial que se alcanzaría y es un tema abandonado, pues no hay ninguna política que los atienda”.
En su oportunidad, Rodolfo García Zamora, académico de la UAZ, recordó que los más de 120 conflictos socioambientales con comunidades que luchan por proteger sus recursos naturales y las grandes corporaciones están relacionados con la minería.
“Lo que hemos visto en 36 años ha sido la ilusión de la minería como promotora del desarrollo, lo que en la realidad no corresponde con el enorme daño en los recursos naturales, en la tierra, el agua y el desplazamiento de las comunidades. Todo por un sector que no genera más del 0.98 por ciento del producto interno bruto”, estimó.
En tanto, Marisa Mazari Hiriart, del Instituto de Ecología; Adalberto Noyola y José Agustín Breña, del Instituto de Ingeniería, destacaron que la sobreexplotación de los mantos acuíferos en el país ha provocado que el agua sea considerada un recurso no renovable, aun cuando se sabe que para una población sana el derecho al agua es fundamental.
Prueba de ello es que el sistema de aguas tiene 40 por ciento de pérdidas, pese al costo que representa traer el líquido, además de que existe un importante rezago en cuando al mantenimiento de la infraestructura, sin considerar que se sabe poco de los acuíferos: cuánto líquido tienen, su capacidad de recarga o si ya se está succionando agua fósil.
Finalmente, los expertos coincidieron en que el esfuerzo del SUSMAI es clave para llegar mejor informados como sociedad y exigir a los políticos propuestas para la siguiente administración pública.