El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) plantea exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que en el ámbito de su competencia analicen los protocolos de búsqueda de menores, agilicen las reglas de declaración de alertas e implementen campañas de prevención para evitar la sustracción.
También propone solicitar a Segob, PGR y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), implementen una campaña de prevención en los centros escolares de educación básica, para obviar el citado delito.
En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisa que en conjunto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dio a conocer que del total de personas desparecidas en el país el 18 por ciento de los casos son de menores de 17 años, conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Además, en los últimos 12 años se reportaron oficialmente al menos 5 mil 452 menores desaparecidos de los cuales 3 mil 217 son niñas y 2 mil 235 niños.
La organización Red de Madres Buscando a sus Hijos señala que entre 2006 y 2017, en México se reportaron más de 27 mil 605 casos de niños extraviados. Ambas organizaciones coinciden en que una gran cantidad de víctimas proviene de los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Por su parte, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México reveló que hasta 2016 había 45 mil niños y adolescentes desaparecidos, quienes podrían ser víctimas de la explotación sexual, así como de la venta y tráfico de órganos.
García Gutiérrez argumenta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5 por ciento (mil 57) corresponde a población de 17 años o menos.
Precisa que ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, narcotráfico, privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, seguridad, vida y dignidad humana.
En 2012, refiere el diputado del PRD, se puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber, para coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Además, existen diversos tratados de los cuales México es firmante y obliga a cumplir con ello, como el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los, Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y Artículo 18, párrafo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
También hay recomendaciones para aplicar medidas de contención, como el prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes; crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la búsqueda eficaz de las y los menores desaparecidos; que las búsquedas se lleven a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la reparación y medidas de asistencia social.
Por ello, es fundamental que la autoridad responsable articule las acciones emprendidas para prevenir y, en su caso, para recuperación expedita de los menores desaparecidos; “se debe mejorar sustancialmente el registro estadístico de las desapariciones”.