jueves 28 marzo 2024
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SE CREA LA FIGURA DE GOBIERNO DE COALICIÓN Y SERÁ OPCIONAL

Se aprobó el artículo 39, referido a la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, el cual plantea la incorporación de la figura de gobierno de coalición, mismo que será opcional para el titular del poder ejecutivo, quien podrá formarlo con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso local, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática.

El gobierno de coalición quedó definido como un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las dependencias de la administración pública local, a propuesta de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el Pleno del Congreso de la ciudad.

Se estableció que en el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de Gobierno resulte electa. Los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los términos de la ley en la materia.

Quedó establecido que el titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del Gabinete.

También se acordó que los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.

Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar información, mediante pregunta parlamentaria, al poder ejecutivo y las alcaldías, órganos, dependencias y  entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y en su caso, llamar a comparecer a las personas titulares ante el pleno o comisiones.

SE ESCUCHARON LAS CRÍTICAS Y SE MODIFICÓ EL ARTÍCULO

El constituyente Jaime Cárdenas (Morena), en contra del artículo, consideró que era indispensable contemplar que cualquier funcionario pudiera ser citado a comparecer por el Congreso local. Y respecto al gobierno de coalición dijo que debería quedar establecido como optativo y potestativo del Jefe de Gobierno, y no obligatorio.

El diputado Constitucionalista Miguel Ángel Velázquez se manifestó en el mismo sentido. “Esta es una manera de acomodo para los políticos; el gobierno de coalición alimenta el caos político, con esto es pedirle a la democracia que se suicide; significa traicionar el mandato de la urnas”, remató Velázquez.

La redacción original del artículo fue modificada mediante una reserva de consenso presentada por el diputado panista Santiago Taboada a nombre de un grupo diverso de diputados, y el gobierno de coalición quedó como opcional.

La diputada constitucionalista, Olga Sánchez Cordero, se manifestó en contra del numeral 1 del apartado A del artículo 39 pues, señaló, que establece que el Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria a los poderes. “Esto es una intromisión en grado de subordinación, concretamente al poder judicial quien no tiene obligación constitucional alguna en términos de comparecer ante el Congreso de la ciudad”. A propuesta de la Comisión de Ciudadanía se corrigió la redacción y quedó sólo el poder ejecutivo local.

La panista Teresa Gómez Mont, se manifestó en favor pero dijo que en el artículo quedaron reconocidos como vínculos entre los poderes legislativo y ejecutivo tan solo los mecanismos de la pregunta parlamentaria y el exhorto, lo cual, en su opinión, constituye un sistema raquítico de vinculación y de equilibrio de poderes.

El diputado Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social (PES), se manifestó en pro del gobierno de coalición: “Quienes argumentan que los gobiernos de coalición pueden afectar a la democracia, no aceptan la existencia de minorías políticas; se quiere aceptar pluralidad política y no sólo referir a los esquemas viejos de la democracia”, dijo.

Al votar en pro, el perredista Manuel Oropeza dijo que es una figura que armoniza la Constitución de la Ciudad de México con lo ya establecido en la Carta Magna. Agregó que implica un cogobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Muchos creemos que debe ser una facultad potestativa de quien gana las elecciones”.

Por su parte, Enrique Burgos, diputado del PRI, comentó que su grupo parlamentario está a favor del dictamen del artículo 39, por la relevancia que representan los dos apartados referentes a la colaboración Ejecutivo-Legislativo y al gobierno de coalición, el cual incluye figuras novedosas.

EL JEFE DE GOBIERNO NOMBRARÁ EL TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA

De acuerdo con el artículo 37 aprobado hoy, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá nombrar y remover libremente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que esta atribución dejó de pertenecer al jefe del Ejecutivo federal.

La atribución que también tenía antes el Ejecutivo federal, para el nombramiento del titular de lo que ahora será la Fiscalía General de Justicia, fue modificada el sábado pasado para que el Consejo Judicial Ciudadano proponga una terna al Congreso.

Y por mandato constitucional establecido también en el artículo 37, el jefe de Gobierno deberá realizar investigaciones apropiadas para proponer al gobierno federal políticas de recuperación de los salarios mínimos históricos de las y los trabajadores de la Ciudad de México. Por otra parte, deberá Informar de manera permanente y completa mediante el Sistema de Gobierno Abierto.

Al debatirse el artículo titulado “De la Jefatura de Gobierno”, quedó establecido que para poder ser candidato a este cargo no deberá ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;

Tampoco deberá ocupar una senaduría, una diputación local  o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos seis meses antes de la jornada electoral local.

No se podrán registrar como candidato quienes sean ministros de culto religioso, a menos que hubieran dejado de serlo cinco años antes; y en caso de haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, deberán pasar tres años.

Jaime Cárdenas, constituyente por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se manifestó en contra del artículo 37 pues, entre otros aspectos, se exige tener 30 años cumplidos para ser jefe de Gobierno, por lo que “no hay posibilidad para los jóvenes mayores de 25 años”, dijo. Y añadió que respecto a las competencias del Jefe de Gobierno en el artículo se hace un catálogo tradicional y no se reconoce la atribución de consultar a la ciudadanía respecto al proyecto de presupuesto de la ciudad.

Lorena Marín, diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló en favor del artículo que en éste establece un diseño institucional de funcionamiento eficaz para el gobierno de la Ciudad de México, lo cual fortalece la relación de cooperación con el poder legislativo local y el Ejecutivo federal.

La diputada constituyente Teresa Gómez Mont, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN), habló en pro del artículo. Sin embargo, declaró que se desaprovechó la oportunidad para construir un nuevo sistema de equilibrio de poderes. “El jefe de Gobierno tendrá las mismas facultades, y no fuimos capaces de asumir la responsabilidad histórica de crear un sistema de equilibrio de poderes que nos convirtieran en una entidad que fuera ejemplo del resto de las entidades”, indicó.

Jesús Valencia, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló en pro del artículo. Señaló que se incrementan las facultades y obligaciones al titular del Ejecutivo. Si bien es cierto, dijo, el Jefe de Gobierno ya no designará al procurador, sino que emanará de una fiscalía, mantendrá el mando único de la policía de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular ya no será propuesto por el Presidente de la República.

En contra se manifestó el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Eric Flores, quien argumentó que se perdió una oportunidad histórica de un nuevo régimen de gobierno, de tener un Poder Ejecutivo con contrapesos políticos a través del Congreso y del Poder Judicial. “Vamos a tener depositados los tres poderes en una sola persona”. Un gran error, consideró, es que quien va a fiscalizar al jefe de Gobierno será nombrado por él mismo.

SE APROBÓ PRINCIPIO DE GOBIERNO ABIERTO

También se aprobó el artículo 38 sobre la administración pública de la Ciudad de México, la cual será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal y gobierno abierto. Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano.

Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.

Irma Eréndira Sandoval, constituyente por Morena, se pronunció en contra pues dijo que no se fortalecieron los principios de trasparencia y rendición de cuentas en materia de fideicomisos públicos, licitaciones públicas, permisos administrativos temporales revocables, contratos y concesiones en la administración pública de la ciudad.

El constituyente Jaime Cárdenas, también de Morena, coincidió con Sandoval y añadió que en el artículo hace falta establecer mayores controles del Congreso local y controles ciudadanos para los trabajos de la administración pública local.

María Fernanda Bayardo, diputada del PRI, dijo que el artículo 38 se refiere al fortalecimiento de las capacidades de la administración del gobierno, que va acompañada del establecimiento de una visión de datos abiertos que tiene como objetivo la mejora de la calidad y transparencia del servicio público. Se establece, agregó, el principio de unidad de la hacienda pública, de su régimen patrimonial, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las y los servidores públicos.

Por el grupo parlamentario del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo consideró que es un artículo muy importante porque significa tener un gobierno más eficaz y una sociedad más vigilante en contra de la corrupción. Hay, dijo, banderas históricas de Acción Nacional, como es el gobierno abierto a la rendición de cuentas. “Espero que a partir de aquí podamos darle a la ciudad el rostro humano que necesita”.

Aprobados los tres artículos, se concluyó la discusión del dictamen de la Comisión de Ciudadanía en la que hubo 65 oradores en lo general, 132 reservas, 49 fueron llevadas al pleno, nueve fueron aceptadas, se retiraron 86 y se realizaron 35 votaciones numerales.

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