Al inaugurar la Semana Nacional de Seguridad Social, la diputada Araceli Damián González (Morena) afirmó que México necesita fortalecer y rescatar las instituciones de este sector como parte de una estrategia integral para construir un verdadero esquema de bienestar entre la población.
Destacó que “quien asuma la gran responsabilidad de gobernarnos los próximos seis años enfrentará un panorama nacional y global complejo, en el que tendrá que hacer frente a los compromisos del Estado en materia de Seguridad Social, no sólo las pensiones, la salud y todos los beneficios vinculados”.
Para enfrentar esa coyuntura histórica y decisiva, “es imperativo incluir en el debate democrático una solvente agenda social que permita analizar, reflexionar y contrastar ideas con la finalidad de articular propuestas y tejer consensos”, apuntó la presidenta de la Comisión de Seguridad Social.
Refirió que los sistemas de cuentas individuales no garantizan una pensión digna; por el contrario, sostuvo, se ha deteriorado su nivel. Además, existen muchos problemas en la atención a la salud, como la saturación de los servicios y una serie de contratos hospitalarios, a través de las Asociaciones Público-Privadas (APPs), que es necesario revisar por las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También se tienen que revisar las inversiones de los ahorros de los trabajadores, porque se han suscitado problemas y señalamientos. “Tenemos la responsabilidad, como Estado, de garantizar que los ahorros de los trabajadores no se perderán en inversiones y se tendrán que manejar con transparencia y rendición de cuentas”.
Por ello, llamó a los gobernantes a recapacitar sobre la necesidad de que “los salarios y las prestaciones sociales no se congelen ni se reduzcan. Necesitamos devolverle a los trabajadores el sueño de tener una vejez digna, de que ellos y sus familias estarán protegidos ante posibles eventualidades y que se hará un manejo transparente, responsable y honrado de sus ahorros”.
Damián González consideró fundamental reflexionar en qué medida la reforma laboral tendrá consecuencias sobre la Seguridad Social, antes de tratar de aprobar una ley secundaria que echa atrás muchos de los logros que se han dado desde el inicio del Estado nacional.
Sostuvo que este evento tiene el propósito de reflexionar, informar, concientizar y reanimar el debate público para identificar alternativas innovadoras que garanticen estos derechos a la ciudadanía.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena), secretaria de la Mesa Directiva, sostuvo que el Congreso tiene muchos pendientes en Seguridad Social, en virtud de que sólo hay una cobertura del 40 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual es un problema para el presente y el futuro.
Destacó la importancia de la Semana Nacional de Seguridad Social, porque abre un espacio a la reflexión y el debate de uno de los temas más importantes y urgentes para el desarrollo nacional. “Tenemos la responsabilidad de discutir y encontrar soluciones”, aseveró.
Sobre todo, dijo, ante la creciente informalidad y precarización del empleo; el cambio demográfico; la pobreza estructural de la gran mayoría de los mayores de 60 años; la imposibilidad de los sistemas de cuentas individuales para pagar pensiones mínimamente dignas a los trabajadores, y los problemas financieros de las instituciones de seguridad social y salud.
Además, continuó, por la debilidad de las finanzas públicas; la corrupción y la simulación de relaciones laborales; la crisis de sistemas estatales pensionarios y de las universidades, y los regímenes de privilegio de la alta burocracia.
La Seguridad Social se vincula a la calidad de vida de las personas; por ello, aseveró, es un enorme desafío para las instituciones y sociedad. “Concierne a todos y no hay soluciones fáciles”.
El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, afirmó que en estos 75 años se han logrado grandes beneficios para sus derechohabientes y “tenemos un IMSS más fuerte, moderno y cercano a la gente”; sin embargo, aseguró que falta mucho por hacer y expresó su compromiso por redoblar esfuerzos en torno al fortalecimiento y consolidación del instituto.
Explicó que se impulsa un nuevo modelo, a fin de pasar de un esquema curativo a uno preventivo, que permitirá anticiparse a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas en estado avanzado, y mantener controlado al paciente en cuatro enfermedades: diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer de mama y de próstata, que constituyen las principales causas de mortalidad en nuestro país.
Resaltó que la fortaleza financiera del instituto ha permitido emprender el programa de construcción de infraestructura y equipamiento médico más ambicioso de las últimas décadas, el cual se compone de 12 hospitales y 40 clínicas totalmente nuevas en toda la República Mexicana, al que se agregarán la construcción de nueve clínicas de Mama. Todas estas obras representan inversiones por más de 19 mil millones de pesos, precisó.
Mencionó que ya se han inaugurado 15 Unidades Médicas Familiares en diversos estados de la República. También cuatro hospitales en Tamaulipas, Colima, Aguascalientes y Sonora, así como dos clínicas de mama en la Ciudad de México. Se tiene contemplado la renovación de equipo médico con 12 nuevos aceleradores lineales, 10 resonadores magnéticos y 70 mastógrafos, con una inversión total de mil 855 millones de pesos.
El funcionario también comentó que el empleo formal ha mantenido una tendencia creciente en los últimos cinco años y a la fecha se reporta la creación histórica de cerca de 3.5 millones de empleos, la más alta desde que se tiene registro para un periodo similar y se prevé alcanzar este año los cuatro millones de nuevas plazas. Sostuvo que a la fecha se han registrado más de 115 mil nuevos patrones y se está cerca de superar el millón.
Florentino Castro López, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), apuntó que la Seguridad Social en México es mucho más que un hospital, una pensión o una oficina de pagos. “Es un esquema de igualdad entre los mexicanos, de combate a la pobreza y de mejora de la calidad de vida”.
Refirió los dos grandes retos del ISSSTE: modernizar su infraestructura, sus trámites y humanizarlo, así como atender a los grupos más vulnerables como los adultos mayores (más de un millón 100 mil jubilados y pensionados) y a 36 mil niños en las instancias infantiles.
“Uno de los grandes desafíos de la Seguridad Social en el mundo es recuperar la humanización en la prestación de los servicios, no sólo se requieren grandes aparatos, robots y hospitales, sino seres humanos que traten con amabilidad, oportunidad y cariño a los derechohabientes. Por ello, se ha implementado el programa Trato por un buen Trato”, precisó.
Señaló la necesidad de impulsar políticas públicas a favor de los adultos mayores, con los cuales la sociedad mexicana tiene una deuda pendiente, porque se construyó un país para jóvenes y no se pensó en el envejecimiento de la población, la cual en unos cuantos años será un sector mayoritario, con una esperanza de vida de 76 años en el caso de las mujeres, y de 74 años para los varones.
Destacó la importancia del curso-diplomado para capacitar a cuidadores de este sector, en coordinación con la UNAM. El funcionamiento de 21 Casas de Día a nivel nacional para atender a los adultos mayores, y aprovechar su experiencia y potencial, mediante diversas acciones que los apoyen.
Sobre las estancias infantiles, dijo que se ha incorporado la enseñanza del inglés y la computación para optimizar las capacidades de los niños, además de establecer planes nutricionales para contrarrestar la obesidad y sobrepeso. Resaltó el sistema de vigilancia a distancia de la operación de estos centros conectado a una central en la Ciudad de México.
Carlos Ramírez Alpízar, titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), afirmó que México vive una transición demográfica caracterizada por un incremento en la esperanza de vida y una baja fertilidad, provocando envejecimiento poblacional, que hace urgente actuar en materia pensionaria.
Consideró que hay retos que requieren reformas legales como ampliar la cobertura e incorporar a trabajadores independientes; elevar niveles de ahorro obligatorios; aumentar la recaudación voluntaria; apoyar a las mujeres a través de mecanismos compensatorios para que obtengan mejores pensiones.
“Ante el tsunami que se avecina, la inacción nos puede conducir hacia un serio problema económico y social; por ello, es relevante contar con esquemas pensionarios basados en suficiencia, cobertura y sostenibilidad”, comentó.
Ramírez Alpízar detalló que al cierre de marzo el Sistema de Ahorro para el Retiro administra 60.1 millones de cuentas, con un monto de 3.19 billones de pesos. Aseguró que persiste un círculo virtuoso del ahorro. “Es creciente y canalizado a actividades productivas y financiamiento de empresas que generan empleos y abona al crecimiento económico, además de generar rendimientos para los trabajadores”.
Felipe de Jesús Espitia Hernández, coordinador de Asesores de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), manifestó que los sistemas de seguridad social constituyen un elemento imprescindible de protección pública.
La finalidad, dijo, es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
Indicó que el sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas es un pilar moral para todos los integrantes del personal castrense. “Los hombres y mujeres de armas tienen certidumbre sobre los servicios que tienen, lo que abona a que cumplan sus labores con eficacia”.
La Seguridad Social está en constante evolución y se desarrolla de la mano con cambios demográficos y económicos; por eso, las instituciones que brindan estos servicios en nuestro país deben adecuarse a las necesidades de la población y mejorar de forma constante en sus prestaciones.
El secretario general del Sindicato de la Cámara de Diputados, Jesús Almanza Ontiveros, señaló que mucho se habla en torno a la desigualdad del ingreso, pero también existe un incumplimiento de los derechos a la seguridad social, derecho que está determinado por la formalidad en el mercado laboral.
Actualmente, datos del CONEVAL refieren que cerca del 57 por ciento de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, que implica precariedad y exclusión de derechos.
Esta carencia, continuó, es la más severa de todas y, aunque se afirme que de 2012 a 2016 hubo una reducción de 61.2 por ciento a 55.8 por ciento, la realidad es que más de la mitad de la población sigue expuesta a quedarse sin nada en caso de un percance de salud o laboral, o sin contar con una pensión digna.
En la mesa de trabajo titulada “Seguridad Social y Desigualdad”, la diputada Araceli Damián González (Morena), puntualizó que el modelo de empleo implementado hasta ahora no funciona; se están rompiendo los esquemas y las posibilidades de mantener la sobrevivencia de las familias, por lo que se tiene que llegar a acuerdos.
Subrayó que estos acuerdos deben centrarse en no permitir que la riqueza se concentre en cuatro personas, quienes tienen alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto en sus manos.
“No se trata de un problema de que los trabajadores aportan o no, es un conflicto en donde se concentran los ingresos, por lo que se tiene que llegar a un contrato social distinto que permita que todas las personas, por el derecho de existir, puedan sobrevivir y tener una vida austera, pero digna”.
Agregó que el proyecto de retiro digno para la clase trabajadora enfrenta grandes restricciones debido a las políticas neoliberales. Asimismo, la baja de las contribuciones patronales, por ejemplo, si los empleadores pagan ciertos beneficios a los trabajadores, entonces ya no solventen la seguridad social.
Más que ampliar la seguridad social y resolver los problemas, el Estado invierte más en gastos alternativos como prisiones, armamentos y cuerpos policiacos. “Entonces la respuesta es violencia más que generar condiciones favorables para los trabajadores”.
De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pablo Yanes, consideró que para hablar de seguridad social se tiene que partir de un diagnóstico que establece que la promesa de universalización ha sido incumplida.
Se debe pensar en un modelo de Seguridad Social incorporando las transformaciones que se están dando en la estructura económica y social, como el empleo, cambio demográfico, migración, la búsqueda de las mujeres a una incorporación masiva a los mercados laborales y la presencia de riesgos sociales.
“Tenemos que considerar que estamos en un momento bastante crítico. La reforma a los sistemas de pensiones contributivas de hace 20-25 años con base en la capitalización individual están mostrando alto costo, baja cobertura y pobre suficiencia”.
En el panel denominado “Reforma Laboral y sus repercusiones en la seguridad social”, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consideró que esta Reforma elimina derechos adquiridos. “La seguridad social institucional no fue gratuita, fue resultado de la lucha de los trabajadores para generar condiciones más dignas”.
La reforma laboral que está por aprobarse determina que los contratos colectivos serán registrados por el órgano desconcentrado de conciliación y registro de los contratos colectivos de cualquier tipo de empresa, aseguró.
También establece una serie de requisitos que pueden manipular políticamente el registro de estos contratos. “Es una nueva figura que tiene un carácter político de concentración de decisiones para avalar la legalidad de los contratos”.
Agregó que con estos contratos colectivos se establecerá un mayor control que permitirá facilitar la inversión, y “esto a partir de la necesidad de generar nuevas fuentes de inversión con un esquema que está desarrollando la política pública de generación de empleos en el país, que es a partir de la maquila”.
Consideró que la reforma limitará la acción del trabajador, es decir, únicamente podrá demandar los fondos devengados, lo que haya aportado es lo que puede demandar; no toca ni se relaciona con la administración de los fondos del ahorro.
En materia de justicia laboral, añadió, solo establece tribunales especiales laborales. “Establece el registro de contratos colectivos sujetos a una cuestión más política que reglamentaria, lo que significa una regresión al reconocimiento de los derechos de los trabajadores”.
Durante el evento se presentó el libro “Problemas Contemporáneos de la Seguridad Social: América Latina y México”, que agrupa una selección de valiosas aportaciones de investigadores y especialistas en ediciones anteriores de la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Nota
Decisiones de Trump son de corte electoral, afirma catedrática de la UNAM
En plena recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el presidente estadunidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para desplegar efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México hasta que se construya el muro.
Estas medidas endurecen el ambiente negociador y acentúan el tema de la inmigración y el muro, “algo paradójico, ya que TLCAN busca preservar una frontera accesible entre México y EU para el flujo de bienes, servicios y profesionistas, pero se está contaminando mucho por temas que la negociación no puede solventar”, afirma Cristina Rosas, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
Para la especialista en Relaciones Internacionales ya existe un diálogo entre México y Estados Unidos para los temas de seguridad, y con sus declaraciones da la impresión de que entre estos países hay guerra o que México es un país hostil con una frontera extremadamente insegura.
La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sostiene que el gobierno de Trump está criminalizando la migración indocumentada que ingresa a su país, pero olvida que procede por razones económicas o humanitarias.
Y un ejemplo de ello son los haitianos, quienes han formado una colonia en Tijuana. Migraron después de haber sufrido un terremoto en 2010 hacia el país donde se cumplen los sueños, Estados Unidos, pero ya no pudieron entrar. “Utilizan a México como paso y así se convierte no sólo en el expulsor de migrantes, también receptor de ellos”.
La caravana de migrantes hondureños fue “la cereza en el pastel” para que Trump tomara la decisión de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, aunque hay que recordar que entre Estados Unidos, Honduras y El Salvador existe un programa migratorio mediante el cual se les otorga a los ciudadanos de esos países permiso anual para trabajar en ese país de manera legal.
Sin embargo, Cristina Rosas explica que ese permiso no es gratuito, ya que en 2003 Honduras y El Salvador enviaron tropas a la guerra contra Irak, decisión que fue muy criticada, pero 70 mil hondureños se benefician cada año de aquel programa y envían remesas que son vitales para una economía muy pobre, golpeada, “que no tiene de donde asirse”. Implica una condicionalidad política porque EU amenazaba con no renovarlo si Honduras no mostraba cooperación, pero justamente, es un programa que Trump acaba de cancelar, entre otras medidas antiinmigrantes que ha puesto en marcha durante su administración.
Trump ha señalado que quiere fronteras seguras y que anteriores administraciones no han hecho nada, “aquí hay una discrepancia entre lo que Trump y México entienden por seguridad en la frontera”.
Para México significaría que las armas que entran de manera ilegal provenientes de EU y que dotan de poder de fuego a la delincuencia organizada no lo hicieran. “Me gustaría ver a la guardia nacional no sólo arrestar a las personas que buscan ingresar por razones económicas, sino también a los traficantes de armas. Si se tomara una medida de este tipo sí estaríamos hablando de fronteras seguras”.
Para Rosas, la medida de Trump es sumamente agresiva, pero “todo esto no lo hace por molestar, sino para consumo interno del proceso electoral (las elecciones de medio término) que tendrán en noviembre, convencer al electorado y a los correligionarios de partido de que está haciendo algo con el problema migratorio”
Trump no está trabajando en el interés nacional del país, sino en el interés de sus correligionarios y la base dura que vota por los republicanos. “Es más de lo mismo, pero es una medida muy vistosa mediáticamente, con guardia nacional en la frontera o no, con muro o sin muro las migraciones van a continuar y su presencia no va a solucionar los problemas de la frontera”.