El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda Pérez, aseguró a los diputados de la Comisión de Economía, que la dependencia a su cargo “vigilará y castigará rigurosamente los abusos que afecten a los habitantes de las zonas de desastre por los recientes fenómenos naturales”.
Así lo informó, en un comunicado, el diputado Jorge Dávila Flores (PRI), presidente de la Comisión de Economía, luego de sostener un encuentro con el funcionario federal, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde presentó un informe sobre los operativos, tras los sismos 7 y 19 de septiembre.
Comentó que Cerda Pérez dijo que “sentimos, como institución protectora del interés de los consumidores, que en esta ocasión los proveedores de bienes y servicios en las zonas siniestradas, se están portando a la altura de los acontecimientos, sobre todo en el tema de abarrotes”.
Sin embargo, reconoció que ha habido casos aislados de alzas injustificadas en precios de productos básicos, como huevo, frijol, agua, leche y gas, en entidades como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México.
El procurador también se refirió a la minuta del Senado que modifica la Ley Federal del Consumidor, aprobada el pasado 26 de abril y enviada a la Cámara de Diputados, al señalar que “busca impulsar una reforma integral para proteger eficazmente los intereses de los consumidores y de las empresas formalmente constituidas”.
Al concluir la reunión, el diputado Dávila Flores señaló que las reformas a dicha legislación permitirán mejorar las normas para regular la publicidad de productos y servicios, así como hacer más eficiente las verificaciones del personal de Profeco y el cumplimiento estricto de los contratos celebrados con los consumidores.
“De aprobarse estas reformas, también se regularán las ventas a domicilio o fuera de los establecimientos mercantiles, el comercio electrónico y todo lo relacionado con los despachos de cobranza”, aseguró el presidente de la Comisión de Economía.
El legislador puntualizó que la normatividad, que está siendo analizada cuidadosamente por la comisión a su cargo, establece que “los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias”, concluyó.