Ante los proyectos que planea instrumentar la nueva administración, con una demanda del gasto adicional, el paquete económico 2019 deberá mostrar una “verdadera reingeniería” en la asignación de recursos, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Consideró necesario hacer esfuerzos adicionales para realizar el análisis de cómo se recibe la situación financiera del país y lo que puede y debe hacer para cumplir los compromisos asumidos durante la campaña presidencial.
En su análisis semanal, el sector privado señaló que la información sobre el presupuesto de egresos para el próximo año, programado hacia el 15 de diciembre, genera preocupación sobre cómo se podría financiar todo lo que se tiene contemplado.
Indicó que se han realizado diversos ejercicios para calcular el costo total de los proyectos contemplados por la gestión entrante y estos podrían representar un gasto anual adicional de poco más de 300 mil millones de pesos, lo que significa una importante carga para el erario.
Debido al elevado costo que esto representa para el país y la falta de margen para elevar los ingresos, las nuevas autoridades han llegado a considerar la posibilidad de retrasar algunos proyectos e incluso eliminar otros de menor relevancia ante la demanda de recursos, apuntó.
Hasta ahora, la atención se ha puesto en el gasto público, sobre todo cuando las declaraciones de los próximos responsables de las finanzas señalan que para el próximo año no habrá una disminución de gasto, sino lo contrario porque éste se podría incrementar en casi 400 mil millones de pesos.
El CEESP consideró que es posible hacer frente a ese escenario al mantener la expectativa de obtener 355 mil millones de pesos como producto de políticas de ahorro en el gasto corriente y con el aumento de 120 mil millones de pesos que se espera tener en los ingresos públicos.
Sin embargo, indicó que es posible tener una reducción de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 16 a 8 por ciento y una baja en la del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 30 a 20 por ciento en la zona fronteriza, lo que implicaría un costo fiscal equivalente a 103 mil millones de pesos anuales.
La cifra podría incrementarse si algunas empresas que están cerca de esa zona decidieran transferir sus operaciones a la frontera, con la intención de beneficiarse de esa disminución en la carga fiscal, apuntó.
Aunado a ellos, la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha señalado que el equipo de transición del nuevo gobierno analiza la posibilidad de eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, lo que llevaría a una disminución de aproximadamente cuatro pesos en el precio del energético.
Aunque bajar el precio de las gasolinas fue uno de los principales compromisos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el CEESP remarcó que el instrumentar esta medida llevaría al gobierno a dejar de percibir cerca de 250 mil mdp.
Además, las nuevas autoridades anticipan que en 2019 el saldo de las finanzas del sector público sería deficitario en poco más de 400 mil millones de pesos.