El Congreso de la Unión, a través de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dejó entre sus pendientes de 2017 la designación de los integrantes de la Comisión de Reconstrucción que se aprobó por unanimidad en el pleno desde el pasado 26 de octubre de ese año, denunció la diputada Maricela Contreras Julián.
La integrante del Grupo Parlamentario de Morena explicó que entre las funciones de dicha Comisión Especial destaca la de vigilar que los recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre no tengan un uso discrecional, pues desafortunadamente existen tentaciones para lucrar con el dolor y la tragedia, queriendo sacar ventaja política ante un proceso electoral ya en marcha.
“Si bien la emergencia demandó la reacción inmediata de las instituciones para atender a los damnificados, hoy es preciso contar con mecanismos definidos e instituciones encargadas de auditar en tiempo real los recursos empleados para la reconstrucción, para verificar que éstos sean efectivos y eficaces”, puntualizó.
Tal es el caso de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, que contempló para el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) un presupuesto de 24 mil 644 millones de pesos, que incluye la creación del FONREC, con un fondo de dos mil 500 millones para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre: Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tabasco, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, así como la Ciudad de México.
Por otra parte, el Instituto Belisario Domínguez publicó mediante un estudio que al 5 de diciembre de 2017 se contabilizaron 3 mil 413 millones de pesos por concepto de aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales, y señala que el Gobierno Federal carece de un mecanismo para coordinar este tipo de apoyos recibidos, así como de transparentar su uso.
Contreras Julián reiteró la urgencia de que la JUCOPO conforme dicha Comisión. “Urge la designación de legisladores integrantes, de acuerdo con la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, y establezca el inicio de las funciones del órgano legislativo para garantizar los derechos a la vivienda, al trabajo, alimentación, salud, educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de los Estados que sufrieron daños”.
De acuerdo con la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, la experiencia ha mostrado cómo los grupos en el poder han lucrado con los programas sociales para coaccionar votos a favor del candidato oficial.
”Por lo que en este 2018, alertamos sobre la urgencia por contar con una Comisión de Seguimiento a la Reconstrucción en la Cámara de Diputados, pues sería reprobable que se tergiversaran las labores de reconstrucción, ya que harían que un desastre natural se convirtiera en una calamidad humana sin escrúpulos”, recalcó.
Por último, subrayó: “permitirá al Poder Legislativo coadyuvar en las labores realizadas por el Estado mexicano que tienen la finalidad de reestablecer la normalidad de las actividades en las zonas afectadas”.