Hasta 1,600 millones de pesos anuales es lo que se gasta en la Ciudad de México en actos de corrupción inmobiliaria, indicó la organización Mexicanos contra la Corrupción tras realizar un estudio durante los años 2017 y 2018.
Algunos de los trámites que presentaron más actos de corrupción son las licencias o permisos de uso de suelo, los permisos para construcción, los estudios de factibilidad de agua y drenaje, la manifestación de impacto ambiental, así como la conexión a la red eléctrica y al sistema local de aguas.
A través de entrevistas, talleres y encuestas a una muestra de desarrolladores inmobiliarios de la capital del país, el “Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario” detectó que a pesar de que el 94 por ciento dijo haber sido víctima de corrupción, solamente un 36 por ciento reveló que levantó la denuncia correspondiente ante las autoridades.
La mayoría de los entrevistados (42%) señaló que no denuncia porque no tiene confianza en las autoridades; 33% no lo hace porque considera que la denuncia no sirve.
Algunos desarrolladores destacaron que la denuncia es una pérdida de tiempo.
Además la mayoría de los entrevistados y encuestados coincidió en que el costo total de una obra puede aumentar entre 5 y 10% del valor total del proyecto por montos erogados por actos de corrupción o las pérdidas económicas asociadas con éstos.
Mientras que en términos de tiempo, la mayoría de los desarrolladores señaló que una obra puede prolongarse entre 1 y 2 años en caso de no acceder a actos de corrupción.
Al fragmentar este delito por alcaldías, los estudios revelaron que es la Gustavo A. Madero la que presenta mayor incidencia con una calificación de 5.0, principalmente en lo que se refiere a la manifestación de construcción generando gastos de entre 2 y 15 millones de pesos.
Le siguen Álvaro Obregón con una calificación de 4.8 por ciento, Cuajimalpa (4.5 por ciento), Benito Juárez (4.3 por ciento) y Azcapotzalco y Coyoacán (4.0 por ciento).
En la Delegación Álvaro Obregón, funcionarios han sido relacionados con corrupción respecto a construcciones ilegales, cobros fuera de la ley y violaciones de uso de suelo.
Mientras que en la Delegación Benito Juárez se han señalado importantes casos de tráfico de influencias cometidos por altos funcionarios vinculados con inmobiliarias.
Entre los factores que propician que este delito se destacan la muliplicidad de trámites, excesiva interacción entre autoridades y particulares, así como gran cantidad de autoridades que no se coordinan entre sí.