En relación con el plantón instalado por jubilados en Paseo de la Reforma y al que desde hace meses se encuentra en Av. Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, manifestó que los derechos de unos cuantos no pueden estar por encima de las garantías individuales de la mayoría.
Explicó que en la Canaco CDMX siempre seremos los primeros en defender la libertad de expresión y manifestación de todos los mexicanos, pues son garantías individuales que deben defenderse a toda costa y agregó que “defendemos el derecho de todas y todos a manifestar sus ideas libremente, pero también somos los primeros en señalar que las libertades de unos terminan cuando afectan los derechos de terceros”.
El líder empresarial señaló que el gobierno es el único facultado para garantizar la libertad de tránsito y evitar las enormes afectaciones que los plantones provocan, no solo a los comercios, sino de manera especial a todos los habitantes de nuestra ciudad, al verse imposibilitados para llevar a cabo las actividades que por derecho les corresponden.
El presidente de la Canaco indicó que durante ya dos días un puñado de personas, cuyas demandas seguramente son completamente válidas, decidieron cerrar Avenida Paseo de la Reforma instalando carpas en ambos sentidos de esta importante vialidad, afectando directamente la actividad de 3 mil 853 negocios, dedicados al comercio, servicios turísticos, inmobiliarios, corporativos y restaurantes, entre otros.
Asimismo, recordó que durante ya varios meses se ha tolerado el plantón ubicado, primero en avenida Lázaro Cárdenas y ahora en avenida Juárez, por parte de la comunidad Triqui, lo cual ha provocado una gran afectación a 3 mil 305 negocios en la zona, que en su mayoría se dedican al comercio y los servicios turísticos, ocasionando una pérdida por ventas no realizadas de alrededor de 33 mil millones de pesos (desde el mes de febrero a la fecha).
Por ello, Nathan Poplawsky, hizo un exhorto a las autoridades correspondientes para hacer cumplir la ley, pues “independientemente de que los reclamos de estos grupos sean de índole federal o de alguna entidad en particular, y a todas luces legítimos, se debe garantizar el estado de derecho en nuestra ciudad”.