“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a las decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados”, afirmó el abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Alejandro Concha Cantú, al anunciar una revisión integral del contrato firmado con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., responsable de la plataforma utilizada para la aplicación de exámenes de ingreso en línea a bachillerato y licenciatura.
La decisión marca un nuevo capítulo en la controversia surgida tras el proceso de admisión 2026 y representa uno de los ejercicios de fiscalización más amplios emprendidos recientemente por la máxima casa de estudios para revisar un contrato tecnológico.
Tres auditorías para revisar todo el proceso
La Universidad informó que el caso será revisado mediante tres auditorías independientes, con el objetivo de verificar tanto el funcionamiento tecnológico como la legalidad del proceso de contratación.
La primera será una Auditoría Tecnológica, acordada con la propia empresa, que será realizada por una firma especializada para revisar el desempeño de la plataforma y del sistema empleado durante la aplicación de los exámenes.
La segunda corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya intervención fue solicitada formalmente por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La finalidad es verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, determinar si existieron responsabilidades administrativas y detectar posibles áreas de mejora en las etapas de planeación, adjudicación y ejecución del contrato.
La tercera será una Auditoría Interna, encabezada por la Contraloría General de la propia UNAM, enfocada específicamente en el procedimiento de contratación.
La UNAM termina anticipadamente el contrato
Además de las auditorías, la Universidad anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life.
Con esta determinación, la institución iniciará el proceso de deslinde de responsabilidades y exigirá a la empresa la entrega de todas las bases de datos generadas durante el servicio, al considerar que dicha información pertenece a la Universidad.
Concha Cantú explicó que la decisión responde al compromiso institucional con la transparencia y no implica, por sí misma, una determinación anticipada sobre posibles responsabilidades.
Un contrato por más de 69 millones de pesos
Durante la conferencia de prensa, autoridades universitarias dieron a conocer detalles financieros del convenio firmado el 23 de marzo de 2026.
El contrato contemplaba atender un universo de entre 154 mil y 385 mil aspirantes, con un costo unitario de 227.85 pesos más IVA, equivalente a 264.31 pesos por cada examen aplicado.
Hasta el momento, la Universidad ha pagado 69 millones 189 mil 760.38 pesos.
De ese monto:
- 41 millones 907 mil 830.75 pesos corresponden a 158 mil 558 aspirantes a licenciatura.
- 27 millones 281 mil 929.63 pesos fueron destinados a la aplicación de exámenes para 103 mil 221 aspirantes a bachillerato.
El secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, precisó que estos recursos no provienen del presupuesto ordinario asignado por la Federación, sino de ingresos extraordinarios autogenerados por la institución.
Asimismo, aseguró que las auditorías y la terminación del contrato no afectarán las funciones sustantivas de la Universidad, ni implicarán pagos adicionales para quienes deban presentar el examen de control.
El examen de control seguirá vigente
En medio de la controversia, las autoridades universitarias reiteraron que el Examen de Control Presencial continúa siendo parte del procedimiento previsto en la convocatoria del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.
Concha Cantú explicó que este mecanismo tiene como finalidad verificar la autenticidad de los resultados obtenidos durante el proceso de admisión.
Subrayó además que la cancelación de exámenes no se realiza por simples sospechas, sino únicamente cuando existen elementos objetivos que permiten detectar irregularidades.
Según explicó, el sistema genera alertas que posteriormente son analizadas por personal especializado de la Dirección General de Administración Escolar, instancia encargada de determinar si procede la invalidación de alguna evaluación.
Transparencia bajo escrutinio
La Universidad sostuvo que el contrato con Territorium fue publicado desde su firma mediante los mecanismos institucionales de transparencia y que toda la documentación requerida ha sido entregada a la Comisión Técnica de Personas Expertas, creada para analizar el proceso y formular recomendaciones.
La decisión de abrir tres auditorías, cancelar anticipadamente el contrato y solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación coloca a la UNAM en un proceso de revisión que buscará esclarecer tanto el desempeño de la plataforma tecnológica como la legalidad del procedimiento administrativo.
Mientras avanzan las investigaciones técnicas y administrativas, el caso se ha convertido en uno de los mayores desafíos recientes para la institución en materia de contratación pública y transparencia, en un proceso que será determinante para fortalecer la confianza en los mecanismos de ingreso a la educación superior.