Un total de 20 personas fueron incluidas en lista del Instituto Nacional Electoral (INE) de violentadores de mujeres, que incluyen a presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, directores municipales, consejeros estatales de Morena, así como empresarios con aspiraciones políticas.
Quienes estén en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género están imposibilitados de forma automática a participar en el proceso electoral.
Se trata de 16 hombres y 4 mujeres de Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Sonora. Algunos de los cuales permanecerán en este registro hasta el 2027.
Veracruz lidera las sentencias en esta materia con siete casos, de los cuales, cuatro fueron concedidos a una misma víctima. Campeche es el estado que más personas tiene registradas con cinco violentadores.
Los casos
Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, cuenta con cuatro registros por una conducta sistemática y continua para obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora María Elena Baltazar Pablo.
El Tribunal Electoral veracruzano concluyó que, por decisión del presidente municipal, la regidora no fue convocada a varias sesiones de cabildo y se le negó la información que solicitó para poder ejercer sus labores.
Por lo que también se dictó un apercibimiento por conducta omisiva al resto de los ediles y a la tesorera municipal, a quienes se les instruyó vigilar la conducta de Ruiz Flandes para garantizar que no repita estas acciones.
Castillo Viveros, presidente municipal de Alta Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz es el segundo con más años en este registro pues estará en la lista hasta el 14 de enero de 2027, después de haber ejercido violencia política en contra de la síndica María Griselda Mora Fernández.
El Tribunal Electoral local comprobó que de manera intencional, el presidente ordenó no tomar en cuenta a la síndica y no le permitió participar en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto del 2021.
Un caso similar es el de Lázaro Avendaño Padilla, presidente municipal de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, quien llegó a este registro por violentar a la síndica Ana María Garcés al reducirle sus remuneraciones, descontarle el 50 por ciento de su sueldo quincenal bajo una supuesta donación obligatoria, el pago tardío de sus aguinaldos y hacer señalamientos discriminatorios en su contra.
En Yucatán, fue sancionado hasta el 31 de enero de 2025, el presidente municipal de Chichimalá, Samuel Uc Poot, y su tesorero Dezert Iván Martín Barrera por violentar a la síndica Teresita de Jesús May Tuz. Uc Poot ordenó impedirle el acceso a su oficina, le redujo su sueldo y lanzó amenazas en su contra tras denunciarlo. Para intimidarla envió una patrulla municipal que rondaba su casa cada 30 minutos.
Uno más de los casos de presidentes municipales que abusaron de su poder de jerarquía contra las mujeres de sus cabildos, es el de Calakmul en Campeche, Luis Felipe Mora Hernández quien obstaculizó el desempeño de la síndica Maricela Flores Moo al negarle una respuesta a 11 solicitudes de información que realizó para desempeñar su cargo. Y finalmente, en Querétaro el entonces alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, fue denunciado por una diputada.
Natividad Matías Morales, presidenta municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, es la única funcionaria de primer nivel sancionada por haber violentado a otra mujer y la única a la que la autoridad le retiró el modo honesto de vivir por más de un año.
La regidora de Ecología municipal, Adriana Risueño Matías, denunció a la presidenta por no permitirle ejercer su encargo, obstaculizar sus funciones, por no tomarla en cuenta en las decisiones del ayuntamiento y por no otorgarle los recursos materiales y económicos necesarios para su función.