*Continúan acuerdos México-Estados Unidos para dar seguimiento al acta 319, sobre cooperación del Río Colorado: Salmón Castelo
En necesario un marco normativo amplio y adecuado en materia de aguas, pues a pesar de tratados internacionales y acuerdos bilaterales con Estados Unidos, existen “huecos” legales en el tema de acuíferos, indicó el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI).
En reunión con el responsable mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos (CILA), Roberto Salmón Castelo, dijo que los legisladores discuten si reforman el artículo 4 de la Constitución Política, que se refiere al derecho al agua u otorgan un mayor soporte al andamiaje legal respectivo.
“No queremos irnos de esta Legislatura sin aportar puntualmente a este tema, el cual será benéfico para el país. Nuestra obligación es hacer una ley reglamentaria que haga valer el artículo 4 Constitucional”, acotó.
Aseguró que las aguas transfronterizas son vitales; sin embargo, existen “huecos” en cuanto a acuíferos, donde hay diferencias puntuales; por ejemplo, Estados Unidos, en su régimen legal, establece que las aguas subterráneas son propiedad de los dueños de las tierras; en cambio, en nuestro país, le pertenecen a la nación.
“Mientras allá dejan explotar al cien por ciento estas aguas, aquí tenemos vedas; de ahí que el trabajo que realiza la CILA permitirá mejorar la toma de decisiones al respecto”, afirmó.
El objetivo de la reunión con la CILA, explicó, es conocer con mayor detalle la importancia del trabajo fronterizo que realiza, el cual ayudará a generar una serie de criterios sobre lo que los legisladores debemos imponer, a fin de ampliar nuestra propuesta de ley reglamentaria que incluye el tema de aguas fronterizas.
“Tenemos el derecho humano al agua, vamos a darle su ley reglamentaria, no podemos irnos de esta legislatura sin hacerlo”, reiteró.
Ante las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos, el representante de la CILA, Roberto Salmón Castelo, resaltó que el acta 319, la última que se firmó entre México y Estados Unidos, referente al proceso de cooperación del Río Colorado, elimina el riesgo de que el país vecino del norte decrete unilateralmente reducciones de abastecimiento de agua a nuestra nación; sin embargo, dijo, vence en diciembre de 2017, luego de cinco años de vigencia.
Informó que actualmente se cuenta con un proyecto de borrador que incluye resultados de estudios de grupos de trabajo, a fin de generar una nueva acta, subsecuente a la 319.
Por acuerdo de ambos gobiernos, acotó, continúan las conversaciones, a fin de concretar una nueva acta integral sobre la cooperación en el Río Colorado.
Agregó que otro de los beneficios del acta 319, es que aumenta la aplicación del acta 318, que se firmó en 2010, donde México tiene acceso a volúmenes de agua adicionales. Asimismo, acuerda participar en un programa preventivo y proactivo para enfrentar condiciones de escasez del vital líquido.
Explicó que el acta 319 especifica el agua asignada a México en casos de extraordinaria sequía, ya que antes de firmar este acuerdo no se determinaba el monto, ni cuándo ni dónde se tenía que otorgar, por lo que “quedábamos en una situación confusa”.
También permite que México pueda utilizar, sin costo, la infraestructura que tiene Estados Unidos para almacenar agua y que provenga de proyectos de conservación o nuevas fuentes.
La CILA tiene el objetivo de hacer cumplir los tratados existentes en materia de límites y distribución de aguas y ríos internacionales, regular los derechos y obligaciones asumidos por México y Estados Unidos y analizar los problemas que se susciten en la franja fronteriza, añadió.
En la ronda de preguntas, el diputado Pichardo Lechuga solicitó información sobre los tratados que tiene México sobre aguas subterráneas. ¿Cómo maneja la CILA este tema que es importante para los mexicanos?, planteó.
La diputada Yaret Guevara Jiménez (PVEM) cuestionó sobre lo que podría enfrentar este organismo si se construye el muro en la frontera norte, en cuanto a aguas transfronterizas.
Por su parte, el diputado Xavier Nava Palacios (PRD) consideró que hay una cuestión política importante en este asunto. “Estados Unidos nos debe chorros y chorros de agua en el almacenamiento que tienen en sus presas y que no han sido entregadas a México, ¿tiene que ver por la falta de construcción de infraestructura estipulada en actas?”
Salmón Castelo respondió que la infraestructura que se dañó, particularmente en Mexicali, Baja California, ya se reparó.
Acerca del agua que México tiene almacenada en Estados Unidos, aclaró que no la entregan no porque no quieran, ya que “nosotros la podemos solicitar cuando queramos; sin embargo, se encuentra bajo potestad de la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de tomar decisiones al respecto”.
Referente a la construcción de un muro en la frontera norte, comentó que prácticamente ya existe en la región. Lo que interesa, desde el punto de vista técnico, es que si se construye otro, no obstruya corrientes de agua que puedan causar daño tanto en México como en Estados Unidos.
Sobre los tratados de México en materia de aguas subterráneas, expresó que no existen acuerdos bilaterales. “No se consideraron en el tratado de 1994 y tampoco en cuanto a la calidad del agua, lo que ocasiona una disputa entre ambos países, debido a que Estados Unidos nos entrega agua de muy mala calidad”.
