México se acerca a una catástrofe social antes de que concluya 2020 y el primer impacto se reflejará en zonas urbanas aunque el campo mexicano no será ajeno a este lamentable fenómeno, resultado de la crisis económica que tiene en el desempleo a más de un millón de personas, al aumento desmedido en precios de la Canasta Básica, la falta de liquidez para pagar deudas y al descontrol sanitario por el covid-19, advirtió El Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos.
En su participación en las conclusiones del Foro “Hacia un Acuerdo Nacional” en la que participaron sindicatos, organizaciones campesinas, académicos, organismos internacionales, sociedad civil y empresarios, organizado por la UNT y FASU, el sector campesino fijó su postura al detallar que dicha catástrofe conlleva escenarios en los que la población no contará con recursos para surtir una canasta básica en las zonas urbanas del país y, a ello, se sumará la morosidad para enfrentar créditos adquiridos con antelación.
En el encuentro virtual con representantes de medios de comunicación masiva, los liderazgos de la CNPA-MN, Wilfrido Hernández Jarquín y Luis Gómez Garay, de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, detallaron que si bien en el corto plazo el alimento en el medio rural aún estará al alcance de campesinos e indígenas debido a que a este sector le alcanza para producir sus propios frutos, granos y legumbres, no es garantía de que en el mediano plazo sean autosuficientes alimentariamente.
Ambos líderes campesinos hablaron de la realidad sanitaria y económica que se vive en la República Mexicana por lo que, en ese orden de ideas, insistieron en establecer un diálogo entre sindicatos, campesinos y sector empresarial (pequeños, medianos y grandes) para que ello obligue al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete a incorporarse a dicho diálogo de impacto nacional para rescatar a la nación.
Wilfrido Hernández Jarquín y Luis Gómez Garay, coincidieron, incluso, con el Banco de México quien reconoció, ante diputados federales, que estamos inmersos “en una crisis profunda, de consecuencias graves y lastimosas para México”, de tal suerte que la recuperación “será penosa y larga”.
Dejaron en claro que con más de un millón de desempleados y “cadáveres escondidos en los closets” dentro del sistema bancario mexicano así como una reducción de empresas en el país de 2019 a la fecha, la realidad reclama acciones concretas.
Pues recordaron que en 2019 existían 6.3 millones de establecimientos en los que estaban ocupadas 36 millones de personas pero actualmente la realidad es otra.
Además, del total de establecimientos, el 62.6% son informales y están ubicados en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde los porcentajes de personas ocupadas en negocios es de 50.1, 45.6 y 40.6 por ciento, respectivamente, como lo establece el Censo Económico 2019 del INEGI.
Hicieron ver que desde hace 50 años, el campo mexicano pasa por crisis continuas y profundas; que han deteriorado el bienestar de las familias campesinas e indígenas. “A ello se suma la falta de integración de políticas agroalimentarias, incluso en lo que va del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó Wilfrido Hernández Jarquín.
En los últimos sexenios los grandes productores han sido beneficiados con créditos y subsidios, mientras que a los pequeños se les otorga asistencialismo social por considerarlos familias pobres cuando en realidad son cultivadores de la tierra con gran potencial para el país.
Estos factores socioambientales, económicos y políticos han llevado al empobrecimiento extremo las comunidades, con la subsecuente migración de los jóvenes, que buscan un trabajo estable y seguro. Con ello, se pierde la mano de obra familiar, se origina un envejecimiento de la población del campo y se provoca la venta de tierras.
En ese sentido, Luis Gómez Garay, dijo que para enfrentar esa situación, es necesario coordinar directrices ambientales, agroalimentarias (desde la producción hasta el consumo), de bienestar y salud, y que éstas sean el pilar de desarrollo para los pequeños y medianos productores.
Opinó que los pequeños agricultores desean producir pero necesitan políticas que les garanticen mejores precios para sus cultivos y apoyos mediante programas que restablezcan los ciclos de fertilidad de los suelos. Además, es urgente adquirir alimentos mexicanos cultivados por pequeños y medianos agricultores.