La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, manifestó su apoyo a la iniciativa #3de3vsViolencia, que plantea que las personas que sean deudores de pensión alimenticia, agresores por razón de género o hayan cometido acoso, no puedan ocupar cargos públicos.
Al participar en el 5º Conversatorio Virtual #3de3vsViolencia, aseguró que “estamos a tiempo de trabajar en las tres semanas de receso para hacer el compromiso de presentar la iniciativa en la primera sesión del próximo periodo ordinario; se trata de una propuesta que favorece a las mujeres y por una sociedad más igualitaria”.
La diputada comentó que la iniciativa, promovida por la organización Las Constituyentes Feministas, contribuiría a la vida democrática, porque uno de los grandes problemas actuales es la poca credibilidad en las y los servidores públicos; garantizar que lleguen sólo las mejores personas haría que las y los ciudadanos tengan confianza.
“La ciudadanía, por ejemplo, no cree en jueces ni en ministerios públicos, por lo que asegurar que haya perspectiva de género en el servicio público beneficiaría y mejoraría la confianza en las instituciones”, expresó.
Estándares internacionales y avances
La diputada Laura Rojas precisó que ya hay estándares internacionales, como los establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fijan la probidad como requisito para ser servidor público y que consiste en ser una persona honesta y regirse bajo normas éticas.
“Además, todas y todos quienes estamos en el servicio público somos conscientes de que los estándares deben ser más altos que para el resto de la sociedad”, indicó.
Consideró que es una iniciativa conveniente para ayudar a erradicar las violencias contra las niñas, jóvenes y mujeres. “Tiene mucho mérito esta tres de tres para prohibir que una persona que sea deudor de pensión alimenticia, agresor o acosador, ocupe algún cargo de elección o designación”.
Destacó que en la LXIV Legislatura se ha avanzado bastante en los temas de violencia política. Se estableció en la ley el hecho de que a quien se le demuestre que ha ejercido violencia no pueda ser postulado o reelecto; sin embargo, es muy importante extenderlo.
Añadió que también es prioritario avanzar en el ámbito familiar que, aunque es privado, es de interés público porque de ahí emanan las personas que aspiran a ocupar algún cargo.
En el conversatorio participaron la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña; la coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, Lorena Villavicencio Ayala (Morena); las diputadas del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, y la activista Yndira Sandoval.
