En el Parlamento Abierto Virtual “Iniciativa que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos”, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), subrayó que estas modificaciones tienen amplia trascendencia social y administrativa.
Señaló que el parlamento sirve para tener las opiniones expertas que ayudarán a determinar la viabilidad de las tres iniciativas y enriquecer el dictamen. La constante, dijo, es elevar la competitividad del país en materia de transporte marítimo, cumplir con los compromisos contraídos en el ámbito internacional y que los puertos tengan más seguridad.
Objetivo, combatir la inseguridad
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), señaló que el objetivo de trasladar facultades de la SCT a la Semar es reforzar el combate a la inseguridad. “La Semar es la única que cuenta con los medios operativos suficientes para cumplir con el ejercicio de la operatividad marítima nacional”, consideró.
La diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) señaló que hay temas muy importantes en los que se debe ahondar, como es el caso de si tiene constitucionalidad, o no, una iniciativa de esta naturaleza, la militarización de la actividad y lo que significaría dejar en manos de la Semar la educación náutica o la titularidad de esa dependencia en un civil. Las facultades que pretenden dar a la Secretaría de Marina no tienen que ver con inseguridad, advirtió.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) apoyó la propuesta porque impulsa el funcionamiento del sistema marítimo y portuario, que es de especial relevancia para la efectividad del comercio. Además, elimina duplicidades, distingue las funciones entre la SCT y la Semar, e instrumenta mecanismos de control a fin de desarrollar la marina mercante.
Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, comentó que la Marina es de las instituciones que en materia de seguridad más le ha dado al país y que el apoyo que se tenía en los estados de la Federación era fundamental. Agregó que se debe tomar en consideración y discutir cada una de las posiciones vertidas en el parlamento para enriquecer o modificar el proyecto.
De Morena, el diputado José Luis Elorza Flores enfatizó la tradición y reconocimiento que el pueblo de México ha depositado en la Secretaría de Marina por su experiencia y el papel que hoy en día desempeña en las capitanías de puerto. Es necesario fortalecer la administración de la marina mercante, lo que seguramente se logrará con el cambio que se propone, añadió.
Por el PRI, el diputado Juan Ortiz Guarneros comentó que en la actualidad hay un incremento en la seguridad y protección marítima y se han reforzado las inspecciones a los buques; sin embargo, trámites como el otorgamiento de permisos permanecen en el ámbito de la competencia de la SCT, lo cual, dijo, crea vacíos legales.
El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata (Morena), presidente de la Comisión de Infraestructura, dijo que se requiere más análisis y revisar por qué, en su momento, pasaron funciones de la Secretaría de Marina a la de Comunicaciones y Transportes, y cuál es el motivo para regresarlas. “Me preocupa que la excusa sea que existe corrupción”, precisó.
Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, llamó a seguir debatiendo el tema, sobre todo en los beneficios que tendría el cabotaje en México, cuando se trata de la navegación de altura. Agregó que a la fecha van tres cambios de titulares en la Administración General de Aduanas, lo que ha hecho lento el flujo comercial.
La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) externó su preocupación sobre la diversidad de opiniones de los especialistas, por lo que consideró que “se debe discutir más, ya que esta iniciativa no puede ir en los términos en que está planteada; debemos ser responsables al momento de dictaminar”.
Intervenciones de académicos y especialistas
El comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Secretaría de Marina, José Luis Arellano Ruiz, sostuvo que la Semar tiene los medios e infraestructura, pero especialmente la voluntad de poner orden y control. Puede formar marinos mercantes competitivos internacionalmente, promover el comercio marítimo y cumplir los convenios nacionales e internacionales.
El investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho A.C, Gabino González Santos, consideró relevantes las reformas, ya que significan el traslado de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, en temas mercantes, de educación naval y regulación en la administración de comunicaciones y transportes marítimos.
Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la dinámica geopolítica del país reclama una mayor presencia y responsabilidad del Estado mexicano a través de sus Fuerzas Armadas y consideró que la iniciativa atiende estas inercias. La Armada de México, dijo, tiene los recursos humanos, infraestructura académica y tecnológica para hacerse cargo de las aduanas portuarias.
Marcos Pablo Moloeznik, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo estar de acuerdo con la designación de la Secretaría de Marina como autoridad en materia de protección marítima y portuaria; sin embargo, externó su desacuerdo en otorgar a la Semar funciones de naturaleza administrativa porque “sólo contribuiría a expandir las atribuciones del poder naval de la federación y debilitar a la SCT”.
Erubiel Tirado, experto en Seguridad y Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana, señaló que la iniciativa presenta vicios de inconstitucionalidad en la técnica legislativa e implicaciones graves en las relaciones civiles-militares. Expresó que la propuesta abona al retroceso de la transición política y abre la puerta a un golpe de mano donde la investidura presidencial quedará reducida.
Bárbara Stepien, ejecutiva de Investigación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, señaló la importancia de mantener en el ámbito civil el manejo y organización de la administración marítima, pues si pasa a lo militar, el gobierno perderá control sobre una de sus ramas más importantes. Añadió que México será auditado por la Organización Internacional Marítima en 2022, “lo cual permitiría obtener una retroalimentación sobre cómo debería funcionar”.
Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, consultor independiente en materia portuaria, indicó que el objetivo de contar con un transporte marítimo y un sistema portuario eficientes es dar al país capacidades de competencia en el mercado internacional, así como aprovechar las ventajas que el intercambio de bienes entre naciones genera en el desarrollo económico por la creación de empleos y la mejora del bienestar social.
El capitán Alfredo Antonio Rodríguez Fritz señaló que la iniciativa violenta el artículo 129 de la Constitución. “No es, como muchos creen, un riesgo solamente para la industria del transporte ni para la marina mercantil en puertos; intenta sustituir autoridades y funcionarios civiles por efectivos de las Fuerzas Armadas”, añadió.
Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, comentó que es necesario reflexionar sobre los costos y efectos que tendría trasladar el control de las costas, los mares y el comercio marítimo hacia una institución militar. Dijo que la iniciativa, en términos del equilibrio cívico-militar, tiene efectos graves, como la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional.
El presidente de Inteligencia Marítima, César Patricio Reyes Roel, dijo que, de ser aprobada la propuesta, la Secretaría de Marina cumplirá con su objetivo de recuperar los recursos marítimos y portuarios de la nación y ejercer como corresponde la autoridad marítima. “El proyecto debe ser claro en cómo se entregará el paquete accionario”, dijo.
El académico Emilio Vizarretea Rosales llamó a mantener el Estado de derecho en las zonas marinas, garantizar certidumbre jurídica en contratos y licitaciones, eliminar las causas que alejan la inversión, tener una autoridad unificada y control efectivo de embarcaciones, regulación tarifaria y recaudación, transparencia del dragado, educación náutica mercantil, así como protección y seguridad.
El representante de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puertos, Rogelio Noe Garayzar Fernández, planteó evitar que las reformas violenten la Constitución. Hay que emprender cambios que sean constructivos y lleven a incentivar las oportunidades. Se tiene que rescatar la economía, los empleos, además de cuidar y preservar la riqueza de los océanos.
