Al señalar que la explotación laboral infantil es una forma de esclavitud, la jefa del Departamento de Promoción y Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Estefanía Pérez Jiménez, llamó a denunciar los casos menores de edad en esa situación, ya que va en contra del interés superior de la niñez y afecta sus derechos y su desarrollo integral.
Al impartir la conferencia “Prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas urbanas y periurbanas”, Pérez Jiménez detalló que se estima que en el mundo 168 millones de menores de edad trabajan a tiempo completo sin asistir a la escuela y sin ninguna opción de recreación.
En México, el Módulo de Trabajo Infantil del INEGI, arrojó en 2017 que 3.2 millones de personas entre 5 y 17 años, trabajan en actividades económicas no permitidas o quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas; de dicha cantidad, 2.1 millones están en trabajos de alto riesgo como la construcción, la minería y otros; además de los niños ocupados que no cumplen con la edad mínima para hacerlo, que es de 15 años, 17.9% de ellos no asiste a la escuela.
La instructora especializada de la Codhem refirió que en las zonas urbanas, los menores de edad laboran sobre todo en el sector de servicios, como hoteles restaurantes, venta en calle y otras formas de comercio, talleres mecánicos y transporte; en la industria y empresas manufactureras; y son más niños que niñas, en contraste con el trabajo doméstico, donde la mayoría son niñas que, por estar fuera del alcance de los inspectores, son más vulnerables a la explotación y el abuso.
Asimismo, Estefanía Pérez advirtió que en las comunidades indígenas, con un contexto socioeconómico y cultural de alto grado de vulnerabilidad para la violación de los derechos humanos, el desafío es de protección ante el trabajo infantil es muy grande ya que también se requiere invertir en infraestructura educativa y de salud, respetando el enfoque intercultural y en lo posible bilingüe o multilingüe, para evitar la expulsión de familias y garantizar la continuidad las hijas y los hijos en la escuela.
Explicó que en la zona periurbana, el trabajo infantil se concentra en la agricultura, con el 59% de los 98 millones de personas dedicadas a ésta, y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 58.6% de niñas, niños y adolescentes que trabajan en el mundo, están en el sector agrícola.
En ese sentido, señaló la necesidad de prevenir y erradicar el trabajo infantil, para garantizar una educación inclusiva y de calidad que evite el abandono escolar por el ingreso al trabajo; al tiempo que se logra la equidad de género y se empodera a las niñas, promoviendo la responsabilidad familiar compartida en el trabajo de los hogares y se reducen las condiciones de pobreza y las desigualdades.
Otras medidas para prevenirlo y erradicarlo, son promover la especialización de inspectores en trabajo infantil; fortalecer la coordinación interinstitucional con el sistema de protección de derechos; erradicar la tolerancia de actividades peligrosas en el contexto familiar; reforzar la capacidad institucional del Estado para aplicar sanciones previstas en la legislación; e implementar políticas públicas de bienestar social y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes y sus familiares, así como restituir el goce de sus derechos, como el de educación, alimentación y recreación.