En el marco de la propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la desaparición del outsourcing en México, recordamos que la lucha para frenar el outsourcing y defender los derechos de los trabajadores la emprendieron las organizaciones sindicales desde hace más de 10 años al considerar que las diversas formas de simulación laboral que se implementan con estos modelos han llevado a los trabajadores a perder de manera paulatina derechos tan elementales como la seguridad social.
El outsourcing es una práctica de precariedad salarial extrema y degradación de las condiciones de ocupación, así ha sido considerado en diversos países y México no debe ser una excepción pues es urgente obtener garantías jurídicas que impidan los abusos y regulen con justicia la relación entre la clase trabajadora y el capital.
Apenas en enero pasado se realizó el Foro Internacional de Alternativas Frente al Outsourcing que organizó la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), en el que diversos expertos se pronunciaron por la desaparición o la regulación estricta de la figura del outsourcing toda vez que viola los derechos humanos laborales e incumple con obligaciones fiscales.
El outsourcing tiene como consecuencias generales el aumento del empleo precario y del subempleo y el crecimiento de unidades económicas familiares e informales. Además de los abusos generados por la expansión de las empresas que proporcionan personal, están otras figuras extendidas de simulación como el pago por honorarios o la cadena de maquila. Ello trae como consecuencia una reducción general de las prestaciones laborales, pago a destajo y pérdida de estabilidad laboral, así como de otros elementos del trabajo decente establecido por las normas internacionales, como son aguinaldo, reparto de utilidades, prestaciones económicas, además de crear desprotección social, mayores posibilidades de empleo infantil, desempleo constante y reducción de antigüedad para el retiro.
Lo anterior, significa también una debilidad sindical y erosión de las capacidades de negociación colectiva. Por otro lado, se estimula la violación a la libertad sindical, al libre ejercicio de los derechos de asociación, contratación colectiva y huelga.
