De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reporta que “de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor”.
La organización de la sociedad civil, Reinserta dio a conocer que se debe impulsar la iniciativa de proyecto de decreto por la que se adicionan artículos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección contra los agresores sexuales sobre los menores de edad, presentada por la Senadora Josefina Vázquez Mota.
Dicha organización detalla que se requiere enfatizar que la violencia sexual es un problema grave que atenta contra el interés superior de niñas, niños y adolescentes. “Este problema subsiste a pesar de estar regulado pues resulta insuficiente para inhibir y combatir las conductas reprochables de carácter sexual, tales como la pederastia”.
“Es urgente voltear la mirada a nuestros Centros de Reinserción, por eso como sociedad organizada, aprobamos que, para casos de agresores sexuales de menores, la iniciativa contemple que las visitas de convivencia con sus hijas o hijos menores de edad, estén sujetas a la supervisión de las autoridades competentes, en razón de las evaluaciones que se realicen al sentenciado de carácter médico, psicológico, psiquiátrico y cualquier otra que se requiera, para determinar el riesgo que representa la convivencia con los menores”, dijo Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta A.C.
Señaló que “es urgente segregar a pedófilos dentro de los centros de reclusión, creando espacios libres de violencia dentro de las cárceles y aplicando técnicas para atender las necesidades que son completamente diferentes al resto de la población penitenciaria con el objetivo de proteger y no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el Sistema de Justicia Penal de nuestro país”.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha registrado que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en el mundo, lo que en México equivaldría a cinco millones de menores y que esta situación se ha visto seriamente agravada a raíz de la pandemia originada por el COVID-19. Especialistas señalan que 1 de cada 5 niños víctimas de abuso sexual se convierten en agresores al crecer.
Por entidad federativa, los estados que presentan los mayores porcentajes de niñas que han sido abusados por sus familiares son: Oaxaca con un 12.2 por ciento, Guerrero 13 por ciento, Michoacán 13.7 por ciento y Chiapas 13.8 por ciento de los casos.
El Código Penal Federal en sus artículos 261º y 262º, señala que las penas por abuso sexual a menores alcanzan un máximo de 13 años si no hay violencia, en caso de existir indicios de violencia la pena alcanza un máximo de 20 años en prisión.
Con base en lo anterior, Reinserta apoya que la iniciativa contemple la creación del “Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el propósito de poder identificar los nombres de los agresores sexuales de menores que han sido sentenciados y condenados, que sirva a las autoridades competentes, judiciales y administrativas. Aunado a necesitar la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México apuntó que los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos de maestros y sacerdotes. El 30 por ciento de los agresores corresponde a abuelos o padrastros, 13 por ciento a tíos, 11 por ciento a padres biológicos y 10 por ciento primos.
