Reporteros, Fotógrafos, Camarógrafos y Editores se Manifiestan en las Puertas de Palacio de Gobierno
La escalada de violencia que se vive en el país ha subido de tono y desafortunadamente en todas las regiones de nuestro México golpea a toda la sociedad, pero sacude más duro al periodismo, y sobre todo, a los periodistas comprometidos.
El cobarde asesinato de Javier Valdez Cárdenas en Culiacán Sinaloa, periodista del semanario Río Doce y corresponsal de La Jornada; así como el ataque a la Subdirectora del semanario El Costeño, Sonia Córdova, de Autlán, Jalisco, el homicidio de su hijo, ocurridos el pasado lunes y el secuestro este viernes de Salvador Adame, periodista y director del canal 6 en Nueva Italia se suman a los hechos violentos y sangrientos contra los comunicadores en México.
Apenas hace unos días se reportó la retención y el robo a un grupo de periodistas en Guerrero por parte del crimen organizado; antes fue asesinada en Chihuahua Miroslava Breach y en ese mismo contexto otros tres comunicadores en Veracruz, Baja California Sur y Guerrero.
En ninguno de esos casos hay detenidos, lo cual sin duda abona a un clima de impunidad, propiciado por la ausencia de resultados reales de las fuerzas gubernamentales, caracterizadas por la indolencia y la corrupción.
Quienes nos desenvolvemos en la actividad periodística alzamos la voz, exigimos resultados por parte de las autoridades, pues este tipo de asesinatos no deben quedar impunes porque envían el mensaje de que no hay castigo a los asesinos, a los agresores, a aquellos que buscan callarnos, y con eso, silenciar a la sociedad.
En el caso del estado de México persiste un clima de inseguridad y violencia preocupantes. Muchas veces se obstaculiza la cobertura de los medios de comunicación. Hay presiones y censura de distintas formas: intimidaciones de funcionarios y de personal de seguridad, se acusa a los reporteros en sus medios, faltas de respeto, entre otras.
La reciente agresión a la compañera Iris del diario Reforma donde funcionarios estatales la golpearon y humillaron en noviembre del año pasado es solo un ejemplo de que falta avanzar mucho en el respeto a los derechos humanos, pero también es una muestra de los riesgos para los representantes de los medios de comunicación ante servidores públicos no preparados y agresivos.
En muchas ocasiones las agresiones y amenazas provienen de quienes tienen la obligación de salvaguardar la integridad de los reporteros, como: alcaldes y funcionarios municipales, estatales y judiciales.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de México no ha tenido el papel que se esperaría de una institución encargada de defender a las personas, pues ha sido inoperante ante las quejas que se han presentado; por lo cual también le exigimos un papel más activo, a fin de que haga valer las facultades que tiene, cumpla con sus obligaciones y no se convierta en un elefante blanco.
Por todo eso, quienes ejercemos el periodismo en el estado de México lanzamos un YA BASTA a las autoridades:
YA BASTA DE AGRESIONES, YA BASTA DE ASESINATOS DE NUESTROS COMPAÑEROS, YA BASTA DE IMPUNIDAD EN LAS AGRESIONES CONTRA LA PRENSA.
EXIGIMOS AL GOBIERNO MEXICANO CASTIGO Y CÁRCEL A LOS RESPONSABLES
Periodistas del Edomex,
Bajo Presión y Censura
En el caso del Estado de México persiste un clima de inseguridad y violencia preocupantes. Muchas veces se obstaculiza la cobertura de los medios de comunicación. Hay presiones y censura de distintas formas: intimidaciones de funcionarios y de personal de seguridad, se acusa a los reporteros en sus medios, faltas de respeto, entre otras.
En todas las áreas, los funcionarios eluden su responsabilidad de dar información en las dependencias que dirigen, rehúyen entrevistas, nos mantienen en cercos que ya han lesionado a compañeros, mandan personal de logística a cuidarnos como si fuéramos delincuentes con tal de no incomodar a un secretario, a un alcalde, o al mismo gobernador, quien durante este sexenio evitó a toda costa los cuestionamientos de los periodistas, casi eliminó las conferencias de prensa y las entrevistas.
Las grabadoras y las cámaras se convirtieron en instrumentos “de alta peligrosidad” y eso abrió una brecha entre el gobierno y los representantes de los medios de comunicación, quienes tenemos obligación de cuestionarlos.
