La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) presentó la iniciativa que reforma los artículos 35 y 73 de la Constitución Política, a fin de incorporar la participación ciudadana en la gestión pública como un derecho de los ciudadanos mexicanos, y facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general reglamentaria en esa materia.
En el documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, se precisa que el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública es el proceso mediante el cual la ciudadanía, individual o colectivamente, incide en las decisiones públicas, así como en la formulación, ejecución, evaluación y control de los asuntos de gobierno, con el objetivo de contribuir en la solución de problemas públicos.
En cuanto a la ley reglamentaria, se señala que establecerá los principios y bases en materia de participación ciudadana en la gestión pública de todos los niveles de gobierno.
La diputada Esparza Márquez consideró que si bien se han reconocido derechos políticos a la ciudadanía, el de la participación en la gestión pública es un concepto más complejo y diverso, que no se limita ni se agota en los mecanismos de participación que marca la Carta Magna.
Señaló que no obstante la incorporación de reformas que reconocen y establecen ciertos mecanismos de participación ciudadana, éstos son limitados respecto de la amplitud de posibilidades que significa incorporar a la ciudadanía, no como un problema sino como parte de la solución. En su diversidad, la sociedad puede contribuir a identificar problemas públicos, estructurar sus causas, detectar errores en el diseño de programas y políticas.
Incorporar a la Constitución el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, especificó, “también puede fortalecer que políticas públicas de gobierno abierto en todos los órdenes de gobierno cuenten con el sustento legal necesario, fundamentando el actuar de los servidores públicos al abrir el proceso de políticas públicas a toda la diversidad que implica la participación ciudadana”.
Agregó que aceptar esta iniciativa sería el inicio de un proceso legislativo que daría lugar a la Ley General de Participación Ciudadana, construida, de ser posible, mediante parlamento abierto, que establezca los principios rectores, procedimientos y requerimientos para que la sociedad ejerza en plenitud la democracia participativa en asuntos públicos.