La senadora Verónica Camino Farjat señaló que, con la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Morena tomó la mejor decisión, votó por el bienestar de las familias mexicanas y a favor de una transición energética nacional, con justicia social.
En un video mensaje que publicó en sus redes sociales, la legisladora de la fracción parlamentaria de Morena, negó que con estos cambios aumentará la contaminación por el uso de combustóleos o que se vaya a incumplir con los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales.
Pero, sobre todo, asentó Camino Farjat, el proyecto que se aprobó el pasado 2 de marzo revierte la reforma energética de 2013, “que estuvo envuelta en casos de corrupción y moches, por parte de grandes capitales, nacionales y extranjeros, para tener reglas a modo” en el sector.
Recordó que, en su momento, la propuesta del sexenio anterior prometió beneficios importantes para la ciudadanía, mediante la apertura de nuestro mercado energético a la iniciativa privada. Además, utilizaron a las energías limpias y su bajo costo, como justificación.
Pero al paso de los años, hemos comprobado que se trataba de una simulación, pues actualmente, producir energía eólica es cinco veces más caro que producir energía hidráulica, porque nuestro país ya cuenta con la infraestructura hidráulica.
Incluso, producir energía por ciclo combinado es más económico que la fotovoltaica, por lo que no tiene sentido darle prioridad a las energías que nos cuestan más caro, sobre las más baratas en estos momentos.
La legisladora dijo que, por estas razones, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica “reordena la prioridad en el despacho, es decir, en la prioridad de compra de la energía”.
En el video mensaje, detalló los costos en el mercado mundial de las energías limpias: en promedio, por un mega watt hora de energía fotovoltaica se pagan 640 pesos, mientras que en México pagamos por lo mismo 745 pesos, es decir 16 por ciento más caro.
Y por la eólica, el promedio mundial es de 537 pesos, pero en nuestro país pagamos 886 pesos, 65 por ciento más caro.
“De ese tamaño es lo que perdieron quienes votaron en contra y quienes rechazan la reforma que acabamos de aprobar”, señaló la senadora del Grupo Parlamentario de Morena.
Sobre los señalamientos de que la reforma generará más contaminación, Verónica Camino explicó que, de las 114 centrales de la Comisión Federal de Electricidad, que participarán en la compra y venta de energía en México, 71 de ellas representan el 41 por ciento de energía limpia generada de manera hidráulica, geotérmica, eólica, fotovoltaica y nuclear.
También hay 16 centrales de ciclo combinado que utilizan varias fuentes de producción de energía, la principal de ellas el gas natural que representa el 23 por ciento de la producción; otras 10 centrales de gas natural que representan el 15.4 por ciento y cuatro centrales térmicas que usan combustóleo como combustible primario y tres centrales carboeléctricas.
“De toda la generación de energía, sólo el 5.2 por ciento de las centrales utilizan combustóleo y el 1.8 son de combustión interna; esto hace un total de siete por ciento de generación de energía por medio de combustibles fósiles”.
En el caso de las penínsulas de Baja California y de Yucatán “no tendremos aumento de contaminación, porque actualmente se están adecuando las centrales termoeléctricas de Mérida y Valladolid para generar energía con gas natural, que es más amigable con el medio ambiente y más barato”.
Así, nuestras tarifas eléctricas no tendrán los incrementos catastróficos de los que algunos hablan.
La senadora explicó que los tratados internacionales no prohíben a nuestro país ejercer su derecho a establecer las políticas públicas que se consideren adecuadas, sobre todo en materia de seguridad energética.
Prueba de ello es el capítulo 8 del T-MEC, donde se reconoce el derecho soberano del Estado Mexicano en materia energética. Y los compromisos asumidos por México ante la Comunidad Internacional, como los de la Agenda 2030, no deben significar aumentos desmesurados en nuestras tarifas eléctricas.
A modo de conclusión, reconocemos la importancia de la empresa privada, así como su naturaleza y razón de ser, que es generar ganancias, por lo que se necesita un marco jurídico que reconozca sus derechos y también regule sus obligaciones.
Fortalecer a una empresa pública como la CFE, debe traducirse en servicios de calidad con costos justos. “En pocas palabras, como país, no debemos dejar de invertir con perspectiva de justicia social en todo lo que es nuestro”.