Hoy iniciamos la campaña por la vida: Mar de agravios, Montaña de quebrantos, mediante la cual denunciaremos el aumento exponencial de la violencia que ejercen grupos de la delincuencia organizada que actúan en colusión con los cuerpos de seguridad y demás autoridades locales. Visibilizaremos los casos de desaparición forzada, feminicidios y violencia sexual que sufren las mujeres en la Montaña de Guerrero y la impunidad a la que se enfrentan sus familias, que en su lucha por acceder a la verdad y justicia se han convertido en defensores emergentes.
Guerrero enfrenta una grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado con la emergencia sanitaria del Covid-19. La presencia del crimen organizado, la violencia estructural y la impunidad ha dejado como resultado a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. De acuerdo a la documentación de Tlachinollan, en 2018 existían por lo menos 13 grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control territorial para la siembra y trasiego de drogas en la entidad. Esta presencia del crimen organizado ha disparado el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta febrero del 2021 se tenían registrados 3719 delitos sólo en la entidad.
Entre el 2007 y 2018 se multiplicaron por 20 el número de denuncias de desaparición forzada en el estado, sin que las investigaciones hayan avanzado por lo que al día de hoy no existe una sola sentencia por estos casos. Del 2017 a la fecha se registraron decenas de casos de desapariciones forzadas en la región de la Montaña. La desaparición forzada del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano en el año 2019, la movilización para su búsqueda y el hallazgo de su cuerpo motivó a las familias de desaparecidos a organizarse para buscar a los suyos.
La lucha por la presentación con vida de Arnulfo generó una experiencia positiva que incentivó la organización de las familias, conformándose el colectivo “Luciérnaga una luz en la obscuridad” que a la fecha ha realizado seis jornadas de búsqueda encontrando 8 cuerpos y más de 80 restos óseos y se mantiene un diálogo con la Fiscalía General del Estado para verificar los avances de las investigaciones. Pese a lo anterior, las pesquisas no avanzan. Varios familiares han fallecido sin saber el paradero de sus seres queridos. Es ilustrativo el caso de Gregorio Santiago Otila integrante del colectivo Luciérnaga que intentó incorporarse al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en SEGOB, pero la burocracia del mismo imposibilitó la implementación de las medidas necesarias.
Con la contingencia sanitaria también han aumentado exponencialmente las agresiones contra mujeres indígenas. Desde que empezó la pandemia, hemos documentado 20 casos de feminicidios, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica, que ante la indolencia de las autoridades que omiten realizar investigaciones prontas y diligentes no encuentran justicia.
En un contexto de polarización social y política que marca esta coyuntura electoral, desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visibilizamos la violencia que azota la región de la Montaña, los casos de desaparición forzada, feminicidios y agresiones contra las mujeres, la lucha inclaudicable que las familias y defensores han emprendido para obtener verdad y justicia y la indolencia de las autoridades para dar respuesta a sus reclamos.
Por ello exigimos a las autoridades a desmontar las causas que generan la violencia, revertir la criminalidad, erradicar la corrupción y ofrecer verdad y justicia para las víctimas, para evitar la reedición de las violaciones a los derechos humanos que lacera la vida de los pueblos indígenas de la Montaña.