Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y Director de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas.
*Aumenta la vulnerabilidad de periodistas y políticos en México
En junio de 2020 se presentaron 601 registros de delitos contra periodistas y 1,020 contra defensores de derechos humanos. Los agresores en 65.7% fueron servidores públicos, 25.3% particulares y el 9.0% no lograron identificarse. Secuestros, agresiones físicas y amenazas fueron los principales ataques perpetrados contra ellos.
Ahora, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020, se registraron 52 asesinatos a funcionario público. Durante el sexenio anterior fueron 37 asesinatos a alcaldes en funciones. Sumaron 85 si se contabiliza a los ex presidentes municipales que perdieron la vida en diferentes atentados directos. Es decir, en sólo dos años existe una tendencia al alza en este tipo de ataques y ya alcanzó el 59.77% de los homicidios contra servidores públicos si lo comparamos con el sexenio anterior.
Por otra parte, la victimización muestra una tasa de crecimiento promedio del 2.2% en el periodo 2010-2018, con un pico en el 2012 de 12.4% y una cresta de -5.0% en 2018.
A partir de 2012, el Estado de México encabeza la lista por entidad federativa con mayor tasa de prevalencia delictiva.
De manera simultánea, se presenta una tendencia creciente en ambos sexos. Es del 1.5% para hombres y del 3.0% para mujeres, con picos en el 2012 y una reducción en el 2018 en ambos casos.
El robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión suman más del 40% en el periodo 2010-2018 y en 2013 aparece la mayor incidencia. De forma simultánea el delito de fraude muestra una tendencia creciente y en 2013 y 2020 se concentra la mayor incidencia de delitos de alto impacto.
En cuanto a la pandemia, se muestra aumento de la violencia familiar y de los delitos patrimoniales.
Las entidades que presentaron mayores aumentos durante 2020 en violencia familiar fueron el Estado de México (+ 80.5%), Sonora (+ 50%) y Colima (+ 32.5%). Mientras los estados que encabezaron el ranking de violencia familiar durante 2020 fueron Colima (tasa 554.14), Nuevo León (tasa 329. 76) y CDMX (tasa 317.74).
Por otra parte, las tasas de robo a casa habitación, robo a negocio, robo de vehículo y robo a transeúnte tuvieron un repunte.
Respecto al gasto público en Seguridad Pública, vale destacar que en el actual Gobierno Federal se destina un promedio total del 1.23% del PIB por ejercicio fiscal. Es decir, 0.37% menos del promedio del gasto señalado en 15 países seleccionados de América Latina en el 2015.
Durante esta administración , las estrategias específicas para garantizar la seguridad pública abarcaron las siguientes acciones: nuevo modelo policial, prevención del delito, desarrollo alternativo y prevención especial de la violencia y el delito.
La política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos, como se enunció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 parece marcar un retroceso en el abatimiento de la inseguridad pública y escala ya a delitos de alto impacto social como los homicidios a periodistas y defensores de los derechos humanos.
