La senadora por Guanajuato y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandra Reynoso Sánchez, aplaudió la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación política y de los derechos humanos en Cuba e informó insistirá en que se transparenten los convenios que hizo el gobierno de México con el Ministerio de Salud de Cuba para que las brigadas médicas operaran en el territorio mexicano.
La legisladora panista tomó el tema desde el pasado 9 de junio de 2020 haciendo señalamientos y solicitando informes de la presencia de médicos o profesionales de la salud extranjeros de origen cubano en el territorio mexicano.
Lo anterior, a través puntos de acuerdo presentados ante el Pleno del Senado de la República, y más 60 solicitudes de acceso a la información a diversas dependencias del Gobierno federal, entre ellas: IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Insabi, SRE, Segob y la SHCP, así como a los organismos de acceso a la información de la CDMX, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, donde se sabe había presencia de dicho personal.
En este sentido, comentó que una de las resoluciones del Parlamento Europeo condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario destinado a trabajar en el exterior en misiones médicas, que infringen los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Cuba.
En este apartado, la “Wera” Reynoso señaló que el gobierno de México hizo uso de los recursos públicos a discreción para financiar al régimen de Cuba, ya que a través de sistemas de salud adheridos al Insabi han pagado más de 240 millones de pesos.
Aunado a ello, reprochó el trato que se le dio al personal médico, donde destacó que asociaciones y organismos cubanos han calificado la diplomacia de ese país como un mecanismo de esclavitud y tráfico de personas.
“El gobierno cubano financia su régimen explotando a los trabajadores de la salud, considerando que el salario promedio de un médico general de Cuba es de 875 pesos, ya que cuando son enviados a una misión sólo reciben entre el 10 y 20 por ciento”, lamentó.
Cabe destacar, dijo, que el Código Penal cubano castiga a todos los empleados civiles que no terminen las misiones médicas o decidan no regresar a Cuba, con penas de ocho años de prisión.
A pesar de que la Resolución 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Internacional e Inversión Extranjera de Cuba, impone a todos los funcionarios en el exterior que laboran para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones, sin embargo, si éstos son injustificados y atentan contra la dignidad humana pueden considerarse una forma moderna de esclavitud, agregó.
Tomando en cuenta estas consideraciones, las misiones médicas en el territorio mexicano infringen los convenios 29 y 105 de la OIT sobre trabajo forzoso, y el artículo 38 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba (PDCA), comentó Reynoso Sánchez.
Valga notar que The Global Liberty Alliance (GLA) respaldó, a través de un documento enviado a la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, la solicitud que realizó la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, mediante un punto de acuerdo donde exhorta al Gobierno federal a transparentar la llegada, pago de honorarios y actividades que realizan los médicos cubanos en el sistema de salud del territorio mexicano.
Dicho instrumento destaca que el responder la solicitud de la legisladora, será de valor en atención a la alianza entre ambas naciones en el apoyo de esfuerzos democráticos en las Américas y el combate de tráfico de personas, esclavitud y trabajo forzoso.
Es importante señalar que en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, además de abordar el tema de los médicos cubanos, también condena los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política.
“Como senadora de la República, busco que se asegure la transparencia y el buen uso de los recursos públicos y, sobre todo, que se garantice el respeto a los derechos humanos en apego al cumplimiento de los tratados internacionales”, concluyó Alejandra Reynoso.