El Coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció la propuesta de un plan de trabajo al Congreso de la Unión, a fin de integrar un expediente de investigación para identificar a los probables responsables del espionaje digital y telefónico contra periodistas, activistas, políticos e investigadores de instituciones públicas.
Dijo que a través del diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el Partido Acción Nacional ha asumido el compromiso de darle al poder Legislativo un poder que no ha ejercido, es decir, que los diputados y senadores de la República contribuyan a la investigación de un presunto delito cometido por el PRI-Gobierno.
Cortés Mendoza señaló que en breve se realizarán las comparecencias con altos funcionarios del gobierno, ante los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que informen bajo protesta de decir verdad sobre el uso de los aparatos de intervención, particularmente la utilización del malware conocido como Pegasus.
A partir de estas entrevistas, añadió, se debe integrar un expediente de investigación sobre el espionaje telefónico, donde queden identificadas las intervenciones de las agencias gubernamentales, las partidas presupuestales, el uso que se haya dado a los Programas, así como los protocolos para determinar los objetivos específicos hacia los cuales dirigir la intervención.
“En México no pudimos ser capaces de descubrir lo que sí logró el Laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, con sede en Toronto, Canadá, el cual confirmo que buscaron intervenir equipos de comunicación de manera ilegal, por medio del malware Pegasus a periodistas, activistas, políticos de oposición e investigadores de instituciones públicas que son críticos del gobierno o que investigaban la corrupción de los funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo el legislador del PAN.
Consideró que la conducta de las autoridades hoy está en tela de juicio por la muy probable violación a los derechos humanos, contemplada no sólo en las leyes mexicanas, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cortés Mendoza expuso que la respuesta que hasta ahora han dado las autoridades para conocer más sobre el espionaje descubierto simple y llanamente es evasivo, insuficiente y no creíble, buscando ocultar un delito grave. “La información sobre los equipos no debe ser reservada por el Estado, se debe transparentar completamente, por tratarse de un asunto de interés nacional y de probables violaciones graves a los derechos humanos”, abundó.
“Es absolutamente inaceptable que el PRI-Gobierno a la más vieja usanza pero ahora con moderna tecnología, esté espiando e invadiendo la intimidad de las personas; por eso insistimos en que llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”, precisó.
Rechazamos y condenamos cualquier forma de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, así como diversos actores políticos de oposición, la propuesta que estamos haciendo a los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad busca desterrar cualquier forma de espionaje ilegal y esperamos la voluntad política de las demás fuerzas políticas para alcanzar el objetivo.
“Por la gravedad de las denuncias, no creemos que sean los únicos casos; debemos determinar los alcances que ha tenido el espionaje con la adquisición de equipos por parte de esta administración y llegar hasta las últimas consecuencias, para que los responsables reciban un castigo ejemplar”, finalizó.
