- 56 quejas fueron desechadas, una infundadas y, respecto a tres procedimientos oficiosos, uno fue infundado y dos fundados
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 60 procedimientos en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales y locales, de los cuales 56 fueron desechados, una queja fue infundada y, respecto a tres procedimientos oficiosos ordenados por el Instituto uno se declaró infundado y dos fundados en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Libre de Aguascalientes.
Al presentar los proyectos, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que al PVEM se le impuso una sanción de 5 millones 492 mil 840.68 pesos “por omitir reportar verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor”, mientras que al Partido Libre de Aguascalientes se le multó con 5 mil 914.30 pesos “por no reportar siete cuentas bancarias”.
Agregó que los procedimientos que se consideraron infundados no acreditaron los hechos denunciados o los gastos debían reportarse en las erogaciones ordinarias.
En tanto, en el caso de las desechadas se denunciaron actos anticipados de precampaña y campaña en los que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente, por lo que se dio vista a los Organismos Púbicos Locales Electorales para que investiguen los hechos denunciados.
En este punto, la Consejera Carla Humphrey Jordan propuso estudiar y aplicar en el Reglamento de Fiscalización un criterio de oportunidad que permita que los proveedores reporten con veracidad, así como presentar mayores elementos como un incentivo para que les sea pagado el monto total que les adeuda un partido político, ya que en un caso se informó una compra a un proveedor por 150 mil pesos, cuando el saldo era de casi 2 millones de pesos.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña fundamentó su voto en contra de algunos proyectos, ya que no está de acuerdo con la medida de que sea el 25% el límite para la reducción de ministración en el cobro de la sanción o que se omita dar vista a los Organismos Públicos Locales por posible uso de recursos públicos, pues en su opinión, en algunos casos, primero debe haber una investigación en materia de lo contencioso y posteriormente un pronunciamiento en materia de fiscalización.
En el PEF 2020-2021 se presentan 134 denuncias de VPRG
Consejeros y consejeras conocieron que, del 7 de septiembre de 2020 al 23 de junio del año en curso, se han presentado 134 quejas, denuncias o vistas en materia de Violencia Política en Razón de Género (VPRG), de las cuales se determinó la incompetencia en 93 de ellas.
Al recibir el Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama Rendón, subrayó que “se confirman dos grandes tendencias: que el foco de la violencia política es en el ámbito local e intrapartidista”.
Precisó que se recibieron un total de 27 solicitudes de medidas cautelares; en nueve se determinó la procedencia parcial, en 17 se concluyó la improcedencia y, en un caso, se dejaron las medidas emitidas a otra autoridad, además de que se solicitaron 14 medidas de protección, de las cuales en 12 se negaron por no advertir riesgo.
“La mayor parte de las denuncias fueron de candidatas a diputadas federales, seguidas de militantes de partidos políticos (15) y candidatas a presidencia municipal (13)”, explicó.
En seguida, la presidenta de la de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, subrayó la importancia de lanzar alertas que permitan atender estos casos, ya que se advierte un incremento considerable en violencia política a pesar de los avances en la materia
“Es necesario establecer mesas de trabajo entre las autoridades del Estado, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas y estrategias que permitan prevenir y atender estos casos”, señaló.
Llamó a los partidos políticos, a la militancia, a la ciudadanía y a las autoridades electorales a “eliminar expresiones violentas y actos tendientes a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, pues quienes aspiran a cargos de elección popular o quienes ya ocupan un cargo público, tienen derecho al libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas inherentes al cargo que ocupan”.
La Consejera Dania Ravel destacó que es a nivel local y en la vida interna de los partidos políticos donde se encuentra más violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Muchas veces sutil y reiterada y que desafortunadamente aún está profundamente normalizada en distintos ámbitos de nuestra sociedad, por lo que la comisión de este tipo de conductas sigue siendo una desafortunada postal”, añadió.
Lamentó que “existen aún asuntos de los que no tenemos información o cuya información aún no ha sido actualizada, lo que obstaculiza la labor de esta autoridad para el seguimiento a las quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, en este supuesto están el Partido Acción Nacional, Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México”.
La Consejera Norma De la Cruz Magaña afirmó que el Informe presentado cobra especial relevancia por el análisis novedoso que permite identificar aspectos destacados sobre las quejas y denuncias relacionadas con la Violencia Política en Razón de Género presentadas durante el Proceso Electoral 2020-2021.
Enfatizó que la información del documento permite establecer comparativos entre los procesos electorales 2017-2018 y el que culminó con las elecciones del 6 de junio pasado y da elementos para medir los avances obtenidos en la materia con base en las reformas sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de género realizadas en abril de 2020.
Exhortan a autoridades a colaborar para desahogar investigaciones de fiscalización
En seguida y al dar por recibido el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021, la Consejera Adriana Favela Herrera denunció la falta de respuesta por parte de autoridades mexicanas para aportar información necesaria para desahogar las investigaciones y concluir la sustanciación de los procedimientos.
“En este informe se da cuenta de aquellos asuntos relevantes, relacionados con los temas de Odebrecht, Texcoco, Pío López Obrador, CENDI, PT, Consulta Ciudadana, Baja California, que ya tienen varios años en instrucción y a los cuales se han encontrado distintas negativas, deficiencias o vacíos en las respuestas de distintas autoridades del Estado mexicano”.
Exhortó a las autoridades para que se sumen a apoyar al INE con la información que se les solicita y resolver así los procedimientos que están pendientes.
Mencionó que, con corte a junio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene 879 procedimientos, de los cuales 685, que es el 77.93 por ciento, están relacionados con el proceso electoral y que deberán quedar resueltos a más tardar el próximo 22 de julio.
La Consejera Carla Humphrey respaldó la petición de la Consejera Favela y solicitó que se mandate al Secretario Ejecutivo del INE como representante legal “que analice las acciones jurídicas que tendría que realizar el Instituto para controvertir el criterio por el que se nos niega información”.
Recordó que la autoridad electoral no es parte del proceso penal y, por lo tanto, no tiene acceso a la documentación que existe en esas carpetas, estén o no judicializas, además de que es la única que puede fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos: por lo que no le es oponible el secreto ministerial.
En sesión ordinaria se dio cumplimiento a cinco sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se recibió el Informe de cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General del INE y el que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto.
