Uno de los desafíos más importantes no sólo para el Estado mexicano, sino para el de varios países en el mundo, es su sistema penitenciario, al grado de que para nadie resulta sorpresivo escuchar que las prisiones “son espacios de abandono, de contraste, que siempre han estado relegados”, afirmó la investigadora Elena Ozaola, al participar en la mesa El sistema penitenciario y los desaparecidos: una llaga en el Estado de derecho, que se realizó el martes 6 de julio, y se transmitió en vivo a través de las plataformas digitales de El Colegio Nacional.
En esta sesión del ciclo Los problemas nacionales y el derecho, que coordina y participa el colegiado José Ramón Cossío, también se reunieron el colegiado Claudio Lomnitz y la antropóloga e investigadora emérita del SIN Elena Azaola, quienes coincidieron en que las cárceles, como tal, no forman parte de las prioridades en nuestras políticas de seguridad, siempre es como si la gente que está allí se mereciera toda clase horrores, de malos tratos e indignidad.
“A mí me resulta muy triste, muy doloroso, porque he dedicado muchos años de mi carrera profesional a estar en las prisiones, a escuchar a las personas que están allí: uno no puede entrar a las prisiones y salir siendo el mismo o la misma que entró”, en palabras de la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Dentro de lo que fue una sesión de intercambio de reflexiones y conceptos, donde participó el también antropólogo social Claudio Lomnitz, miembro de El Colegio Nacional, Elena Azaola reconoció que la mayor parte de los jueces y quienes elaboran las leyes actúan como si esa realidad no existiese.
“Uno de los contrastes de las cárceles es que son como lugares abiertos y cerrados al mismo tiempo: abiertos, porque los internos son parte de ese tejido social, por más roto que esté; son abiertos para la familia, pues ellos sufren y padecen la pena –igual o más que quienes están internos–. Están abiertas también para dejar pasar la droga, los teléfonos celulares, los alimentos y las medicinas que proveen las familias, porque el Estado no se hacer cargo de estas responsabilidades.”
Desde la perspectiva de la investigadora, es muy triste mirar desde ese ángulo las prisiones, convertidas en centros de explotación de las familias más pobres de este país, no sólo porque tienen que llevar toda clase de bienes, sino porque se les pide dinero para entrar, dinero por protección, para obtener privilegios que pueden pagar unos cuantos, además de que son lugares cerrados al escrutinio público, a la rendición de cuentas, a la evaluación; incluso, a la supervisión por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones civiles.
“Son cerradas para escuchar la palabra de los internos o para permitir que las sociedades escuchen esas palabras. Ellos también tienen algo que decir. Si nosotros los escucháramos aprenderíamos mucho de la realidad del delito que no está en los códigos, que no está en las sentencias, pero que está en ese tejido social roto.”
Entre la realidad y la academia
Para Claudio Lomnitz no sólo resulta importante, sino una sorpresa, el que quienes se dedican a las ciencias sociales puedan dialogar teniendo como eje al derecho, porque eso permite tener un intercambio de experiencias y de conocimientos sobre una realidad compleja.
“Tengo la impresión de que las cárceles mexicanas eran un espejo de las sociedades, había una tendencia a reproducir las desigualdades de la sociedad al interior de esa institución y de su economía. A primera vista aparece como una institución que refuerza las desigualdades sociales del país, la falta de justicia está muy performada en las cárceles mexicanas desde siempre.”
Sin embargo, el colegiado manifestó sus dudas acerca de si esa realidad se mantiene en nuestro tiempo, o se han transformado en alguna otra cosa, como la extorsión, que cambia mucho al momento en que tienes la telefonía celular, porque tu capacidad de operar se transforma con esa tecnología.
“Tengo dudas sobre si no hay funciones nuevas relacionadas con las formas de organización de economías criminales o criminalizadas. Las fisuras de la sociedad están reflejadas en la cárcel, pero la cárcel pareciera ser un espacio económico y político que debe ser tomado en cuenta, y que podría ser un factor desestabilizador del tejido social.”
Durante su participación, José Ramón Cossío advirtió de un problema que se presenta en esa estructura jurídica, donde los jueces parecen sentirse muy cómodos con su función sancionadora, con lo cual delega en las autoridades administrativas las condiciones carcelarias: piensan que ellos no son los responsables, pero “el que está en la institución carcelaria ha de pensar ‘bueno, si el juez ya sabe que así está la cárcel y me sigue mandando gente y produciendo sobrepoblación y el juez descansa en mí, no es mi culpa que los presos estén hacinados y en estas condiciones lamentables’”.
“Son juegos en los que nadie se siente responsable de los presos. Creo que estamos en un momento muy delicado, porque se siguen aumentando los casos que ameritan prisión preventiva: si de por sí sabes que las cárceles están llenas, sigues aumentando los delitos como una forma de contener a una delincuencia que no puedes contener, metes al mayor número de personas en condiciones preventivas, aún con presunción de inocencia”, resaltó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia.
Al final, la gente hace lo que le ordena el derecho y se desentiende con gran facilidad, porque considera que está haciendo algo objetivo: el policía que dice “a mí me pidieron que fuera y lo detuviera, que lo golpeara para que confesara, y eso está bien, porque estoy protegiendo a la sociedad’”.
El Ministerio Público que también señala “a mí me dijeron que con esas pruebas que no daban para mucho lo ingresara, y el juez hace lo mismo. Supongo que las personas pueden dormir muy tranquilas, porque hicieron lo que estaban pidiendo”.
El gran problema es que el Estado se ha dejado de interesar por sus presos: “que se pudran, que se mueran, que se maten entre ellos, y los manda así a una prisión. Independientemente de gobiernos, estamos en una situación en la que estamos mandando allí a los indeseables de la sociedad”, de acuerdo con José Ramón Cossío.
Al respecto, Elena Azaola advirtió de otro desafío en la impartición de justicia, al que señaló como la venta de ilusiones, que consiste en hacer creer que la mano dura ahora sí va a resolver los problemas, en especial al llevar a la cárcel y recordó un estudio que se hizo en los años 80, en que se reunió a un grupo llamado de sabios para que realmente estudiara qué pasaba con la gente en prisión.
“Ellos concluyeron que era una pésima idea seguir metiendo a tanta gente en la cárcel, Incluso, hicieron números y dijeron que costaría menos llevarlos a las mejores universidades. El ejercicio resultó muy interesante, porque todas las recomendaciones que fueron utilizadas por los políticos… perdieron: con los que prometieron más mano dura, más cárceles, la sociedad estuvo feliz, porque quiere creer que es la única manera en que vamos a poder descansar.”
Después de haber trabajado mucho tiempo con el sistema penitenciario; en especial, después de haber escuchado a infinidad de internos, Elena Azaola se refirió a una hipótesis, difícil de probar: son personas que han sufrido, con múltiples agravios, pero son incapaces de formular un programa político.
“Son enemigos del Estado, porque así fueron colocados, aunque creo que las políticas del Estado multiplican esos agravios que han sufrido a lo largo de su vida y al llegar a la cárcel, esos agravios se profundizan, se agrandan las distancias, de ahí que el tejido siga roto”, enfatizó la investigadora.
La mesa de diálogo El sistema penitenciario y los desaparecidos: una llaga en el Estado de derecho se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la institución: elcolegionacionalmx.