La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desechó un punto de acuerdo relacionado con el supuesto despedido injustificado de dos jóvenes con discapacidad, ya que ninguno prestaba sus servicios de manera directa al Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del Distrito Federal, sino a través de una empresa.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la citada comisión, explicó que después de una exhaustiva revisión y fundamentación del caso, encontraron que los jóvenes estaban contratados por la empresa de Mantenimiento Roc S.A de C.V., la cual el pasado 31 de diciembre de 2015 dio por concluido el contrato con el IEMS.
Por lo anterior, en la sesión de trabajo de la Comisión dictaminadora, las diputadas y los diputados integrantes determinaron que la propuesta presentada por la asambleísta de Morena, Olivia Gómez Garibay, no contenía elementos suficientes para comprobar el supuesto despido injustificado y, por tanto, tampoco se sustentó el señalamiento de una aparente violación a los derechos humanos de los jóvenes, quienes se presumía habían sido dados de baja por el Instituto el 8 de enero de este año.
“Al no existir relación obrero-patronal entre los trabajadores afectados y la dependencia, ésta no tiene responsabilidad respecto del supuesto despido injustificado que argumenta la promovente, máxime cuando tampoco se otorgó la información adecuada sobre de las presuntas víctimas, a las cuales se dijo les fueron violados sus derechos humanos”, detalló la también vocera de la fracción parlamentaria del PRD.
Mateos Hernández mencionó que de acuerdo con información proporcionada por el IEMS, tras la conclusión del contrato con la referida empresa, se estableció uno nuevo con la firma Joad Limpieza y Servicios, que entró en funciones el 8 de enero, misma que contrató a 90% de los trabajadores que ofrecían sus servicios con la primera.
Al 10% restante, agregó, el Sindicato de Empleados y Trabajadores en el Ramo de Limpieza, Vigilancia y Servicios Relacionados, les ofreció apoyo; sin embargo, no todos aceptaron, ante ello, la situación de los empleados no se puede considerar como un despido injustificado.
Además, el Instituto indicó que entre los empleados contratados no existía ninguna persona con discapacidad, lo cual fue corroborado con la empresa Mantenimiento Roc S.A. de C.V.; ello se suma al hecho de que la promovente del punto de acuerdo no aportó datos que permitieran localizar a los jóvenes mencionados.
“Como representantes populares asumimos el compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y velar por una sociedad equitativa, justa y segura, para eliminar las barreras que dificulten el desarrollo de las personas con discapacidad, en atención al Artículo 1° de la Constitución y la Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal; por ello, después de que fue turnado a esta comisión el caso, lo hemos analizado y dictaminado conforme a la ley, para llegar a esta conclusión”, finalizó.