En México mueren cada año 5 mil 65 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación; pese a ello, 18 de 32 estados, 60 por ciento, no cuenta con programas de cambio climático, no obstante la urgencia de establecer medidas que frenen este fenómeno y asumir compromisos internacionales en la materia, aseguró la diputada Elva Lidia Valles Olvera (PAN).
La legisladora propone reformar la Ley General de Cambio Climático y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que las entidades federativas tengan la obligación de elaborar e incorporar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal en materia de cambio climático acorde a las atribuciones conferidas en la misma norma.
La partida se obtendría de aplicar tasas y cuotas derivadas de la enajenación o, en su caso, de la importación de combustibles automotrices, gasolina y diésel. Parte de estos recursos, se destinarán a la ejecución de atribuciones que la Ley General de Cambio Climático le confiere a los estados.
Asimismo, la reforma pretende que estados y municipios informen cada trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre dichas partidas presupuestales destinadas para tal efecto y, a su vez, esta dependencia informe al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en su caso, sobre el total de estos recursos, destino y aplicación.
Lo anterior, a través de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
La integrante de la Comisión de Cambio Climático argumentó que la reforma va en sentido a lo que expresó el Presidente de la República respecto a que en materia de asignaciones a gasolinas y diésel, el esquema propuesto de cuota fija fortalecería el cuidado y protección del medio ambiente y de la salud, ya que los impuestos a combustibles generarían un “doble dividendo social”.
Significa que se permitiría recaudar a partir de bienes cuyo consumo genera externalidades negativas, tales como contaminación del aire, congestión vehicular y efectos ambientales globales, de forma que la política tributaria coadyuvaría al desarrollo sustentable del país.
El propósito de la iniciativa es contribuir a que estados y municipios cuenten con los recursos económicos necesarios y cumplan en tiempo y forma con las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático les atribuye, y exista una coordinación y control sobre el destino de estos recursos.
Valles Olvera destacó que la mayoría de los estados no han instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de gases de efecto invernadero y políticas de adaptación y mitigación que, conforme a la Ley General de Cambio Climático, están obligados a hacer.
Mencionó que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche, no tienen registro de programas en materia de acción climática.
A pesar de ello, enfatizó, México firmó por primera vez compromisos en materia de cambio climático desde 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y posteriormente, en 1998, al firmar el Protocolo de Kioto, el cual ratificó en el año 2000. Recientemente, fue parte de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, celebrada en 2015.
