El grupo parlamentario del PAN promoverá la desregularización de trámites obsoletos, eliminar el exceso de reglamentaciones y prohibiciones, que sólo fomentan corrupción y provocan gastos innecesarios a los ciudadanos, informó su coordinador, Marko Cortés Mendoza.
En un comunicado, recordó que, según el reporte de Competitividad Global, México se encuentra entre los países más corruptos del mundo, en el lugar 125 de 140, con más corrupción que en Haití, “en buena medida propiciada por el exceso de trámites burocráticos”.
“Una de las causas del aumento de corrupción es el incremento de trámites, reglamentos y leyes que, además de elevar los costos de transacción, que implican tiempo y dinero, son caldo de cultivo para la corrupción y la incertidumbre jurídica”, añadió.
Expuso que comerciantes, industriales, profesionales y ciudadanos que inician una actividad económica se encuentran con miles de trámites que generan incertidumbre jurídica.
Según datos de las autoridades de las Zonas Económicas Especiales, los trámites en los tres niveles de gobierno a que se enfrentan las empresas en México ascienden a miles, apuntó.
“Esa fabulosa cantidad de trámites reduce incentivos y competitividad para aumentar inversión productiva nacional y extranjera, principales fuentes de empleo y crecimiento económico”, añadió.
Dijo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó su primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) con datos correspondientes a 2016, en la que concluyó que existen en el país 4.5 millones de unidades económicas del sector privado, de las cuales 95.6 por ciento son micro empresas (10 empleados o menos).
El diputado panista comentó que del total de las unidades, el 20.2 por ciento consideró que el marco regulatorio fue un obstáculo para alcanzar los objetivos de negocio.
En promedio, las cargas administrativas tuvieron un costo monetario de casi 49 mil pesos (alrededor de 22 mil para las micro y más de dos millones para las grandes empresas).
El año pasado, se estima, se realizaron 76.5 millones de trámites ante las autoridades de los tres niveles de gobierno: un promedio de 19.5 trámites por unidad económica.
El 82.2 por ciento de las unidades consideró que los actos de corrupción por parte de servidores públicos son frecuentes, siendo Tabasco y la Ciudad de México donde es mayor.
Las principales causas que incentivan actos de corrupción son: agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias o permisos y evitar la clausura del establecimiento.
La encuesta estima que, por cada 10 mil unidades económicas, 561 son víctimas de corrupción a nivel nacional. El costo promedio por unidad de la corrupción fue de poco más de 12 mil pesos, que sumaron mil 600 millones de pesos durante 2016.
“Por eso, invitamos a profesionales, comerciantes y ciudadanos a que se acerquen a nuestros diputados y les presenten casos concretos de artículos en leyes, reglamentos y prohibiciones que consideren deban derogarse por obsoletos y engorrosos, para así promover las modificaciones correspondientes en la Cámara de Diputados”, abundó.
Cortés Mendoza expuso que los diputados del PAN están conscientes del gran esfuerzo ciudadano para pagar impuestos y cumplir con las leyes y reglamentos que permiten vivir en la legalidad, “pero también de la pérdida de tiempo, de recursos, chantajes, extorsiones y corrupción, a que da lugar el exceso de reglamentaciones y de prohibiciones”.
