La pandemia por la COVID-19 impulsó el crecimiento exponencial de los servicios de cómputo en la nube, y también puso de relieve la preocupación de plantear bajo qué perspectiva se garantizará la conexión de los ciudadanos respetando su dignidad y privacidad, señalaron juristas participantes en el Seminario “Uso de la Nube: ¿Están seguros mis datos?”.
En el encuentro a distancia organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Georgina Flores Padilla, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, indicó:
Resguardar en la nube un sistema de gestión documental de una dependencia de gobierno o el patrimonio documental, tiene la ventaja de que se puede acceder a la información en línea desde cualquier dispositivo conectado a internet. La tarifa incluye actualizaciones y mantenimiento, así como copias de seguridad automáticas.
Sin embargo, la principal desventaja es quedar a merced del proveedor para mantener el servicio en funcionamiento, además que el importe del pago por esta prestación depende de las características y cantidad de almacenamiento requerido. En el caso del archivo histórico de la UNAM “tenemos poco más de cuatro kilómetros de documentos en papel y más de millón y medio de fotos, negativos, audios y audiovisuales, además de los documentos de la administración central”.
En ese sentido, además del costo del servicio, los archivos en general requieren de la infraestructura humana para el procesamiento, conservación y restauración de fondos documentales. “En pocas palabras, el pago de los servicios externos para los archivos históricos resulta, para muchos, incosteable”, aseveró.
Cecilia del Carmen Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, comentó que la contratación de servicios de cómputo en la nube puede generar economías importantes en las instituciones, porque se trata de “un traje a la medida”; es decir, de acuerdo con sus necesidades.
La también profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM apuntó que la transformación digital del Estado está directamente vinculada a la calidad de vida de las personas; este proceso podría reducir costos, aunque también implica que la información esté más segura porque no se va a perder.
A su vez, Lina Ornelas Núñez, directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centro América y El Caribe en Google, indicó que nuestro país se ubica entre los primeros lugares a nivel mundial en materia de regulación de cómputo en la nube.
Destacó que en términos de políticas públicas, los gobiernos deben atender lo que ocurre y funciona mejor a nivel global, garantizar la libre competencia y también implementar este nuevo tipo de consumo de tecnología que les traerá beneficios en materia de eficiencia.
Arístides Guerrero García, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recordó que ahora se sube información a una plataforma que se ubica en algún punto geográfico y en la que se puede interactuar desde diferentes partes del mundo. Lo anterior conlleva una vulneración o mayores riesgos que pueden implicar la privacidad de quienes hacen uso de estos servicios.
Al respecto, indicó que si bien la legislación de protección de datos en posesión de particulares es de 2010, se requiere actualizarla o una nueva ley en la materia. La regulación del mundo digital se ha dado de manera paralela y emergente, y no de forma preventiva.
En tanto, Alfonso Oñate, presidente de la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales, señaló que en México y América Latina no es común que se considere la seguridad de los datos personales como un requisito fundamental como en el caso de la información financiera y bancaria, lo que ha traído como consecuencia que cuando se recurre al cómputo en la nube, en diversas ocasiones no se perciba que esté presente.
Al respecto, indicó que quienes utilizan los servicios de este sistema deben considerar situaciones como la probabilidad de que los datos personales a resguardar por un tercero estarán en distintos países y en servidores cuya ubicación no se pueda determinar con exactitud. Por ello deben tomarse medidas para que los datos tengan el mismo estándar de seguridad.
En su intervención, Andrea Mendoza Enríquez, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, subrayó que la pospandemia “nos lleva a plantearnos cómo dejar un mundo conectado y seguro para todos, respetando la dignidad de las personas”.
Reconoció que la emergencia sanitaria generó crecimiento exponencial de servicios de cómputo en la nube, pero también la preocupación para que el Estado asuma un liderazgo y pueda indicar hacia dónde van los esfuerzos, cuáles son las buenas prácticas y cómo diseñar los esquemas de contratación de nube en el sector público.
Para el profesor de la Universidad Politécnica de Turín, Alessandro Mantelero, el tratamiento de datos en la nube debe considerar cuáles son los riesgos, beneficios, oportunidades y ventajas. La ciudadanía tiene que participar en las decisiones jurídicas sobre el cómputo en este sistema, a fin de decidir cuáles son las soluciones más adecuadas, considerando los diferentes contextos.
Mencionó que el papel de la legislación sobre la protección de datos, transparencia y el derecho al acceso a la información son elementos que pueden proporcionar a los titulares de la información confianza en el servicio de la nube, porque se sabe que estos mercados también son abiertos y el riesgo es conocido.
