Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria se reúne con expertos y representantes de organizaciones civiles

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El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que coordina el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), realizó un encuentro virtual con expertos y representantes de organizaciones civiles, con el fin de discutir los retos de un Sistema Universal de Cuidado.

El diputado Ramírez Cuéllar señaló que la crisis del coronavirus y la carga inmensa para las mujeres con este tipo de responsabilidades, ha puesto en evidencia un sistema de cuidados fragmentado, insuficiente, falto de calidad y sin coherencia.

Dijo que se tiene un proyecto que da una luz de manera precisa y concreta para que, independientemente de la resolución del Senado en la materia, se establezca una estrategia que lleve a México a tener un Sistema Nacional de Cuidados que ayude a combatir la desigualdad y la discriminación.

En un comienzo, señaló, “se puede focalizar en la infancia, personas con discapacidad y adultos mayores”.

Al presentar el documento “Requerimientos de Gasto, en materia de un Sistema Nacional de Cuidados”, Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, explicó que, aunque el objetivo es que el sistema sea universal, en principio se aborda solo a estos tres grupos, siendo los tipos de cuidado en el ámbito de salud, personal y desarrollo integral.

“En una primera etapa toma a las personas con discapacidad, adultos mayores y primera infancia”, indicó.

Destacó que se debe comenzar con un sistema de información que dé una semblanza y los datos de cuántas personas son adultos mayores que requieren de cuidados, así como personas con discapacidad para generar una estimación de requerimientos de gasto para su atención.

“Se estima que para finales de 2021 habrá 13 millones de menores de 4 años que requieren de guardería o estancia, pero la capacidad instalada de IMSS, ISSSTE y los apoyos del Programa para el Bienestar de manera completa y óptima, alcanzaría a solo un millón 647 mil”.

El documento subraya que hay una gran brecha en atención porque, aún contando con los programas, se quedan fuera muchas personas requeridas, además que el sistema debe tener perspectiva de género porque, en su mayoría, quien cuida son niñas y mujeres.

Isabella Esquivel Ventura, de la Coalición por el Cuidado Digno, explicó que los recortes presupuestales a programas y servicios públicos en el rubro tienen como efecto una sobrecarga en las mujeres, además que se cree que las transferencias monetarias son una solución, cuando en realidad esto debería estar acompañado de una oferta en los ámbitos público, social y de servicios.

Del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el académico Guillermo Cejudo Ramírez, comentó que carecer de un sistema como el planteado es carísimo, porque las consecuencias de no tenerlo son muy altas. Puntualizó que se requiere de una inversión muy alta, porque “no es algo que pueda hacerse más con menos”, ya que es garantizar un derecho que no puede ser cubierto solo con la oferta institucional o mejorando la eficiencia del gasto.

Héctor Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, comentó que la principal preocupación es el problema de espacio fiscal y la falta de discusión de fuentes de ingreso porque los sistemas de cuidados cuestan mucho, aunque es un gasto justificado, con rendimientos que puede dar un mercado laboral por el lado de género e igualador social, está el riesgo de que sea una ley que nazca muerta.

De OXFAM México, su directora ejecutiva, Alexandra Haas Paciuc, aseguró que el sistema de cuidados podría tener un impacto positivo en la situación de seguridad de las niñas, niños y personas en general, así como en la cohesión social, además de que se requiere que sea culturalmente apropiado para que no divida más a las familias y a las comunidades.

Gerardo Castillo Ramos, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó que no sería lo mismo en las zonas urbanas que en las rurales, pues existen normas y valores socio-culturales específicos, por lo que aunque llegase a existir la infraestructura no siempre se haría uso de ella. “En una sociedad agrícola o pesquera las necesidades se manifestarían de forma distinta”.

Alma Rosa Colín, de la Coalición por el Cuidado Digno y el Tiempo Propio, dijo que se debe poner a las personas en el centro de las políticas públicas antes que los números, así como tener claro las acciones diferenciadas por territorios, edades y condiciones.

Thania de la Garza, especialista independiente en evaluación, puntualizó que no tener un sistema de cuidados de largo plazo sería más costoso, por lo que implantarlo daría la posibilidad de hacer más eficiente el gasto público en ciertos aspectos, generando un objetivo común, coordinación interinstitucional y acciones secuenciadas.

De México Evalúa, Mariana Campos apuntó que para optimizar el uso presupuestario se debe tener apertura para encontrar el mejor esquema y entender que no es lo mismo ofrecer dichos servicios en zonas rurales o marginadas que en urbes, en donde ya hay una infraestructura.