Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) llama a recordar a las infancias en el urgente llamado que anualmente hace, entre otros actores, la Organización de las Naciones Unidas a los Estados, para que atiendan sus obligaciones de prevenir y enfrentar la desaparición forzada y la desaparición entre particulares.

La desaparición es un crimen de lesa humanidad que no sólo afecta a la vida de la víctima y a su familia entera, sino al resto de la comunidad, en una situación que termina generando un contexto de terror e incertidumbre porque se anulan todos los derechos y la protección posible para las y los ciudadanos.

Desde que se tiene registro (en 1963), 77,706 niños, niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México hasta el 27 de agosto de 2021. De éstas, 15,186 (19.54%) continúan desaparecidas o no localizadas, siendo 8,355 de ellas niñas y adolescentes mujeres y 6,799 niños y adolescentes varones. Las mujeres, por tanto, representan 55.01% de estos casos. Las restantes 62,520 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1.07% de estas desapariciones (668 casos) correspondieron a niñas, niños y adolescentes halladas lamentablemente sin vida.

A ello se suma la trágica estadística que muestra que cada día, 12 niños, niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecida o desaparecido durante 2021, como parte de un patrón criminal que no ha cesado, ni durante la pandemia, en contra de las infancias. La gravedad del problema es de tal magnitud que las cifras oficiales que se registran, aumentan a medida que pasan las horas. Y en le caso de nuestro país, aunque la mayoría de los casos son localizados, una (1) de cada 100 personas son halladas sin vida.

Mientras que del 1 de enero al 27 de agosto de 2021 se han registrado 1,114 personas de 0 a 17 años desaparecidas o no localizadas; esta cifra representa un incremento de 19.5% con respecto a las 932 personas de la misma edad reportadas desaparecidas o no localizadas durante el mismo periodo de 2020.
En esta cifra, el Estado de México destaca por registrar uno (1) de cada de cinco casos reportados (3,324 en total). Le siguen Tamaulipas, donde se registran uno de cada 10 (1,672 en total); Jalisco con 7,2% de los casos (1,074 en total). Son en estas tres entidades del país donde se concentran cuatro de cada 10 casos que se conocen.

Lamentablemente en México, desde el inicio de la guerra contra el narco en 2006, alimentada por las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que no ha cesado con Andrés Manuel López Obrador, a través de la militarización del país y de la seguridad ciudadana, se siguen registrando casos constantes y sin freno de homicidios, tortura, desaparición y feminicidios, entre otros hechos.

Debemos destacar de igual modo que, particularmente con niños, niñas y adolescentes, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió desde el 2011 y de nuevo en 2015, recomendaciones al Estado mexicano sobre la fallida estrategia de seguridad que se traducía en estos impactos negativos a la infancia. En la misma declaración, el Comité destacó el incremento de las desapariciones y reclutamiento como crímenes continuos y resultantes después de la desaparición.

Lamentablemente aún cuando esto último fue también señalado con insistencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus distintos informes sobre el país, así como recomendaciones de otros instrumentos y organismos internacionales, lo más que hemos logrado avanzar es el ámbito legislativo; con un protocolo específico de búsqueda, pero con una débil institucionalidad. Resulta vital, también para esta agenda, comprender y robustecer una institución como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En este escenario, queremos recordar como positivo el haber logrado, con la presión internacional de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales de Derechos Humanos, la Ley de Desaparición de Personas entre los cuales #REDIM logró incluir el capítulo 2 relacionado a niños, niñas y adolescentes desaparecidos. A partir de allí se ha logrado la construcción, como lo establecía la ley en su capítulo segundo de la desaparición, un protocolo adicional de búsqueda para niñez desparecida que establece pasos concretos que todas las autoridades tienen que hacer como, por ejemplo, la búsqueda inmediata y que todas las actuaciones queden registradas.

Vale la pena señalar que fue construido también con la importante participación de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, es posible que este esfuerzo resulte insuficiente si no se resuelve la actual crisis de derechos humanos que vive el país, marcada por fuertes y profundas redes transnacionales de macrocriminalidad, que permiten que la guerra alimente grandes negocios como el tráfico de armas, el reclutamiento y esclavitud de personas con fines sexuales, laborales o militares, entre otros crímenes.

Esta captura que han hecho del Estado las redes transnacionales de macro criminalidad se expresa cotidianamente en redes de corrupción local que tienen o muestran el control territorial que estos grupos criminales, con funcionarios corruptos, tienen y permite para sustentar la impunidad, además de la negligencia de las autoridades para actuar.

Estamos en un momento crítico y este 30 de agosto es muy importante exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales para, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, colocar como prioridad el interés superior de la niñez, particularmente la niñez desaparecida.
Resulta igualmente crítico atender a los hijos e hijas de las más noventa y un mil personas desaparecidas, cuyos derechos a vivir en familia, a conocer a su padre y a su madre y crecer con ellos, a vivir una vida libre de violencia -entre otros- son profundamente vulnerados y a menudo están en condiciones de indefensión y de riesgo.

REDIM y diversas organizaciones de derechos humanos hemos señalado a lo largo de los años la pertinencia de trabajar y avanzar hacia la justicia transicional que implicara un gran diálogo nacional, el apoyo internacional de organismos de derechos humanos y que buscara el fortalecimiento de las instituciones del Estado creando contra pesos internos y evitando, como está sucediendo ahora, la militarización, la concentración del poder o la polarización.

Seguimos llamando al Estado a atender sus obligaciones en esta dolorosa e impostergable materia. Un país que mantiene cifras –que son casos, nombres y vidas– de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no puede jactarse de ser un país en el que los derechos humanos se garantizan y respetan. Y para que esto sea posible, resulta vital que también la sociedad toda, no sólo las y los familiares y organizaciones, se haga cargo de exigirle al Estado y a todo actor involucrado el alto de esta práctica terrible. Porque las niñas, niños y adolescentes desaparecidos nos faltan a tod@s.