La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Martha Hilda González Calderón, urgió a poner en marcha un protocolo para atender a hijas e hijos de reclusas y reclusos en las cárceles del país, debido a que los infantes no cuentan con espacios adecuados y, en muchas ocasiones, conviven con los internos.
Destacó que tan sólo en el Estado de México existen alrededor de 2 mil 100 menores viviendo en compañía de su padre o madre, quienes cumplen una sentencia dentro de alguno de los penales.
“La parte más sensible son las reclusas porque muchos de los niños nacen en los penales; queremos saber qué pasa con su formación y educación, pues aún hay un gran vacío”, señaló.
En reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), autoridades locales y asociaciones civiles, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora pidió trabajar para romper con la idea de que niñas y niños que nacen en penales son los delincuentes del mañana.
“No lo aceptamos, queremos construir un protocolo que garantice su derecho a la salud, a la educación, a una niñez digna, como lo tiene toda la infancia del país”, expresó.
Dichas reglas, explicó, estarían alineadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y resaltó la importancia de acompañar dichas acciones con un presupuesto adecuado para que “no quede sólo en buenas intenciones”.
La diputada González Calderón resaltó que el protocolo buscaría que los menores que viven con su madre o padre en un centro penitenciario tengan derecho a la lactancia, alimentación específica, con un capital humano que les brinde una atención integral que permita y verifique su adecuado desarrollo.
Comentó que, actualmente, la ley permite que los niños acompañen a sus madres reclusas hasta los 3 años de edad, pero no precisa qué debe pasar después. “No sabes si vivirán maltratados, bajo una situación de abuso; el Estado debe vigilar que esos menores que salieron del penal estén registrados y tengan la posibilidad de tener una niñez protegida”.
“Hoy se abre un universo importante para visibilizar a la niñez que se encuentra en las cárceles al lado de sus madres; principalmente, a quienes el Estado debe garantizar el respeto a su interés superior”, puntualizó.
Bertha Cecilia Villafaña Arellano, directora de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, dijo que el diseño del protocolo de atención a los menores recluidos con sus madres debe imponer obligaciones al Estado, pero advirtió que si no existen recursos necesarios se corre el riesgo de que la ley sea inoperante.
“De nada sirve tener una magnifica ley, si ésta no sirve porque no hay recursos. Lo fundamental es garantizar los derechos de los menores por parte de las autoridades penitenciarias”.
La diputada del PRI detalló que la propuesta del protocolo pretende desglosar todos los derechos de la niñez, para llevar un registro compartido con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). También, plantea que la prisión preventiva, en caso de delitos menores, se ejecute en el domicilio cuando el inculpado tenga hijos entre 0 y 14 años.
“Se debe entender que aunque tengan las mejores condiciones en los centros penitenciarios, el niño está privado de su libertad sin haber cometido un delito”.
Por su parte, la magistrada penal especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de México, Martha Camargo Sánchez, resaltó la urgencia de establecer un documento que estipule cómo actuar con los hijos de una persona detenida y a lo largo del proceso.
Subrayó que actualmente no hay un protocolo para el cuidado de los menores que garantice el respeto a sus derechos en las cárceles del país.
El director general de Prevención y Deserción Social del Estado de México, Luis Ariel González, indicó que en esa entidad se tienen seis centros penitenciarios femeniles; los más importantes son Neza-Sur y Santiaguito, en Almoloya, en los cuales se encuentra la mayor cantidad de menores con sus madres recluidas.
El funcionario consideró fundamental diseñar un mecanismo normativo que garantice una lactancia adecuada y una alimentación específica, ya que esta labor queda a criterio de los centros de readaptación.
Alicia Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), propuso que dentro del protocolo se establezca que se protegerá al recién nacido y el derecho a los vínculos con su madre.
Laura Cano, representante de la Confraternidad Carcelaria de México, añadió que además se debe trabajar en el entorno psicológico, emocional, económico y familiar de la madre, ya que “si delinquió es por algo”.
“Una ley eficaz tendrá que apegarse a la realidad, pues de lo contrario todo quedará en buenas ideas y lo que se requiere es garantizar el interés superior de la niñez”, concluyó.